Cuánto desaseo institucional está viviendo nuestro gran país. Nunca habíamos tenido en nuestros gobernantes el comportamiento de falta de respeto a nuestro orden jurídico como ahora lo padecemos. No creo que sea ignorancia, sino más bien es la arrogancia que mañana a mañana se manifiesta en Palacio Nacional en contra de muchos mexicanos y de nuestras leyes y entre sonrisas que pretenden ser sarcásticas y muchos ademanes, se contagia a los servidores públicos de mayor relevancia burocrática.
Una manifestación de ese comportamiento, que revela más que ignorancia porque obviamente no desconoce nuestro orden jurídico, por ser abogado, lo contemplamos en el secretario de Gobernación, que recientemente dijo que la inseguridad en el país se debía al Poder Judicial. Cuanta insensatez por decir lo menos. Gravísimo que lo diga quien legalmente es el medio de comunicación entre los Poderes de la Unión. Si realmente así piensa y eso cree, no quiero imaginarlo de Presidente, sería la continuación de la destrucción institucional iniciada con esta administración.
Hablando de la delincuencia que provoca la inseguridad que se vive, el presidente López Obrador tuvo una declaración difícil de considerar acertada para un Jefe de Estado. Declaró que en los retenes establecidos por los delincuentes, a quienes se identifican como servidores públicos de la 4T, los respetan y no los molestan.
Lo anterior denota la cercanía entre el gobierno y la delincuencia, la identificación de los narcos con las autoridades. A lo anterior, podemos agregar que se está pensando en establecer acuerdos con los delincuentes para atender la seguridad pública. Esto quiere decir que de los “abrazos no balazos” que es evidente no dio resultados, ahora se pretende adoptar el concepto de considerar a los delincuentes socios o compañeros en la lucha para dar seguridad al país.
La mentira ha sido también un arma empleada para desorientar a la opinión. La decisión judicial de no mantener como información reservada los costos y erogaciones de las obras públicas, se interpretó con muy mala fe, diciendo que la Corte estaba frenando la realización de obras públicas.
Y esa decisión de nuestro Tribunal de mayor jerarquía, del que hemos de sentirnos orgullosos por su conducta, la calificó el Presidente como un “golpe de Estado técnico”, afirmación que carece de todo sustento y que no hace sino atentar contra uno de los poderes del Estado mexicano.
A la Corte se le ha combatido e injuriado, con la simpatía presidencial de una manera que no es fácil entender. Hasta un gobernador llegó a las puertas de esa institución a ofender a ese poder.
La manifestación en defensa de la Suprema Corte fue objeto de la descalificación presidencial, como de su manifiesto desprecio a aquellos mexicanos que no pensamos como él y que creemos en la fortaleza de nuestras leyes.
En el orden internacional, su postura y declaraciones en relación con el gobierno del Perú, nunca las habíamos mirado por ningún gobierno nacional.
Podríamos continuar refiriendo distintos actos de gobierno que nos hacen exclamar con preocupación, porque no sabemos qué otras decisiones vaya a adoptar el Presidente: “todavía quedan 16 meses”.
