Este mes nos presenta a nivel internacional, y nacional también, sacudidas constitucionales. Movimientos bruscos o violentos como dice el diccionario que significa esa palabra.
Tenemos el golpe de Estado en el Perú, en donde el presidente de ese país, después de haber declarado que disolvía el Congreso, fue destituido, detenido y asumió el mando la vicepresidenta.
Así también en Argentina la señora Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de ese país, fue condenada por un tribunal como responsable de delitos patrimoniales en contra del Estado.
Y en ese orden de ideas que se refieren a temas constitucionales, por estar regulados por las leyes de esa jerarquía que, como sabemos, son las que tienen una relevancia superior sobre todas las demás, nos encontramos lo que se ha llamado por el actual gobierno, como el Plan B, para hacer reformas al sistema electoral mexicano.
Sistema electoral que para estar como ahora se encuentra, se aguardó mucho tiempo, como también el esfuerzo y la batalla de fuerzas políticas en contra de un gobierno que no quería dejar de tener el control absoluto sobre los procedimientos electorales.
El Presidente López Obrador ha expresado su intención de modificar el actual sistema electoral, y hacerlo de manera tal, empleando términos futbolísticos, ahora de moda por el campeonato mundial, que el árbitro deje de tener la autonomía de la que ahora disfruta.
Cambiar, asimismo, otras reglas que nos han servido a los ciudadanos de este gran país, a confiar en las elecciones y en los resultados electorales.
Como para cambiar el actual, respetable y confiable sistema se necesitan reformas constitucionales. Las mismas, de acuerdo con nuestro Estado de Derecho, exigen que las dos terceras partes de los integrantes del Poder Legislativo Federal las aprueben, como la mayoría de las Legislaturas locales, que es lo que se llama el Constituyente Permanente.
Esta exigencia, marcada por los constituyentes de 1917, autores de la actual Constitución, fue precisamente con el propósito de que la norma fundamental pudiera ser modificada con la participación tanto de los legisladores federales como locales, en aras de que esas transformaciones contaran con una aceptación no solo mayoritaria, sino también calificada.
Sin embargo, López Obrador le dio una sacudida a nuestro orden constitucional. Es grave y preocupante que, a través de la reforma a leyes reglamentarias, se pretenda modificar el texto constitucional.
Por encima de los deseos del Presidente, está el respeto a nuestro Estado de Derecho. Hay golpes de Estado violentos, pero también los hay silenciosos, y a través de subterfugios legales.
Sin mencionar las relevantes cualidades de las leyes electorales vigentes, aceptamos que deben perfeccionarse, como toda creación humana, pero nunca pretender destruir su esencia y su espíritu resultado de inquietudes populares de muchos años.
Entre las modificaciones que será conveniente hacer, está el instrumentar formas que impidan evitar que intervengan como sucedió en las pasadas elecciones de gobernadores en algunos estados, la participación de la delincuencia organizada.
Además de que existe una jerarquía en las leyes, también existe el Estado de Derecho, que implica que el orden constitucional se encuentra encima de todas las normas, y que este no puede vulnerarse por deseos de ningún gobernante.
Confío en la prudencia y sabiduría del jurista Ricardo Monreal, para evitar que por atajos se quiera lastimar nuestra Constitución en perjuicio de intereses superiores.
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