Estamos viviendo en el país hechos diarios de violencia que provocan muertes, privaciones ilegales de libertad, robos, extorsiones, de manera tan abundante, que el fracaso de este gobierno en esa materia es evidente y ostensible.
Esa violencia es atribuible a las muchas bandas de delincuentes que se encuentran en las ciudades, grandes y pequeñas de México. Sin embargo más preocupante aún es que estemos en presencia de la comisión de delitos por la autoridad, y más todavía cuando esa autoridad es la encargada de la seguridad pública.
De ese escenario grave y empavorecedor tuvimos noticia en días recientes a través de un reportaje presentado en su noticiero nocturno por el brillante y valiente periodista Ciro Gómez Leyva, en el que colaboró una destacada y joven comunicadora, Miriam Moreno.
No soy exagerado cuando hablo que fueron acciones graves que empavorecen a cualquier sociedad civilizada como la nuestra.
Dos son los hechos que miramos en las pantallas. Ambos, con lujo innecesario de fuerza, prepotencia y una arrogancia que si los hubiera ordenado Ramón Corral, cuando era gobernador de la ciudad de México en el año 1900, se podrían entender como cotidianos.
El primero de ellos, se realizó en una empresa ubicada en la Colonia Anzures de la capital. Llegaron a ella, decenas de efectivos de la policía de Seguridad Ciudadana, elementos de la Fiscalía de la CDMX y de la Guardia Nacional, con una orden de cateo solicitada por el Ministerio Público, atendiendo una denuncia anónima entraron violentamente a esa sociedad financiera que se llama Blak Wallstreet Capital.
Sustrajeron en ese cateo, según el acta levantada, 168 mil dólares (sic). El dueño de la empresa, que fue detenido junto con otras personas que ahí se encontraban, ha declarado que había una cantidad superior de dinero.
Las personas detenidas ante las irregularidades cometidas se encuentran en libertad, por la decisión de un uez. El dueño de ese negocio ha declarado que continúan sin aparecer una respetable cantidad de dólares, más de un millón de pesos, y 12 relojes de lujo que desaparecieron.
Al día siguiente, el Ministerio Público que había solicitado la orden para el anterior cateo, obtuvo, del Juez que obsequió la anterior orden de cateo otra orden semejante, ahora para ingresar violentamente, a las dos de la mañana, al domicilio particular de otra persona supuestamente por vender droga en ese condominio residencial, ubicado cerca del parque identificado como Parque Hundido.
A esa hora, al dueño de la casa, José Uribe, junto con su esposa, se los llevaron detenidos. “Encontraron la droga y armas” que los mismos policías habían colocado para presentarla como pruebas. Tres meses estuvieron encarcelados, hasta que un Juez Federal determinó el sobreseimiento de ese juicio por todas las irregularidades cometidas.
El Ministerio Público, fue separado de su cargo y se le está investigando, es el licenciado Erik Armando Pérez. Basta ver los videos exhibidos en televisión para advertir las arbitrariedades cometidas.
Estos hechos se dieron en marzo, cuando todavía la Dra. Sheinbaum estaba al frente del gobierno. ¿Se enteraría?, ¿qué medidas tomó? ¿La Fiscal conocería esto? ¿Por qué se ha mantenido oculto este caso?
En otras épocas, como la del tan mencionado mañana a mañana, neoliberalismo, varias renuncias se hubieran exigido.
