Están mencionadas y reguladas en la propia Constitución General de la República y en una ley reglamentaria promulgada por Enrique Peña Nieto. Su propósito es indudablemente de carácter popular y democrático. Darle oportunidad al pueblo de que emita su opinión sobre determinados temas de interés nacional.
Su regulación es clara, considerando su trascendencia debe normarse de manera precisa para que cumpla su cometido de conocer el sentir popular.
Sin embargo, en esta administración hemos visto que se ha utilizado dicha figura jurídica con diferentes propósitos, y si bien no han reunido las exigencias legales que deben de colmar, su resultado ha servido para tomar decisiones en el sentido obtenido en esas encuestas o consultas, que sin cumplir con la regulación formal, si han ocasionado obviamente erogaciones importantes que nuestra economía nacional no se encuentra en situación de cubrir sin tener que descuidar necesidades prioritarias.
Una de esas encuestas fue sobre el aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco, y que el Presidente de la República, desde que era candidato, expresó su antipatía por esa obra.
Y una vez que ganó las elecciones, sus ataques a esa obra fueron más severos; se mencionó que tenía orígenes de corrupción y era para beneficiar a unas cuantas personas. Ignoro si eso existía, lo único que si se, es que se canceló la construcción de ese aeropuerto, y no se ha presentado alguna denuncia por hechos de corrupción en contra de ninguna persona.
Lo que también sabemos todos, es que la cancelación de esa obra, para indemnizar a contratistas tuvo un costo millonario, como también fue millonaria la cantidad que se abandonó. Esa corrupción, tampoco denunciada, sí fue evidente.
A propósito de esta obra, que aun cuando no se realizó en cumplimiento a los lineamientos legales establecidos constitucionalmente, nunca debió de haberse realizado. El artículo 35 constitucional establece textualmente que no se pueden someter a consulta: “…las obras de infraestructura en ejecución”
Así se realizó otra consulta para determinar la ubicación de una cervecera en Baja California. Son dicho con respeto, sofismas para hacer sentir que el pueblo es quien decide, cuando de antemano se conoce que el final coincidirá con el deseado por el Presidente de la República.
Ahora, estamos frente a otro de estos costosos ejercicios, inútiles para la vida institucional, y solo útiles para obtener los resultados que se buscan. Esta será realizada dentro de unos meses, para determinar la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta el 2028.
Confiemos que el Senado lo resuelva antes. Que se mantenga la posición vigorosa y firme de quienes se han opuesto.
En el caso de esa consulta, aún sin realizarse sin cumplir la regulación que las mismas. Esta no debe realizarse. No puede ser objeto de consulta, porque la Constitución prohíbe consultas sobre “…la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada…”
Los textos constitucionales transcritos son reformas al artículo 35 publicadas en el Diario Oficial del 12 de diciembre de 2019.
En tal virtud, esas costosas consultas lastiman nuestro Estado de Derecho que hemos de preservar para una mejor convivencia.
Concluyo con una respetuosa sugerencia para el licenciado López Obrador, en los dos años que le restan a su mandato, gobierne, con la simpatía popular que le acompaña, respetando la Constitución, la misma que juró cumplir cuando se hizo cargo del Poder Ejecutivo.