Esta semana la señora Presidenta de la República tuvo en Palacio Nacional una reunión con importantes empresarios extranjeros y nacionales. El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial se comprometió a que se harían bien las cosas, se generarían nuevas fuentes de empleo y se buscaría señalar mejores salarios.
En esa reunión sí ofreció que el próximo año habría una inversión de veinte mil millones de dólares.
La doctora Sheinbaum mencionó que podrían estar los empresarios tranquilos de que no tendrían problemas con la reforma judicial.
Afirmación muy interesante cuando en nuestro sistema político tenemos la separación de poderes, además de que la Presidenta declaró recientemente que ella no intervendría ni tendría ninguna relación con los juzgadores.
En tal virtud resulta difícil de explicar por qué dijo lo que expresó a propósito del poder judicial, en esa reunión de Palacio.
Por otra parte se anunció que el Infonavit, noble institución creada en el gobierno de Echeverría, se iba a dedicar a construir casas.
Corresponderá a quien por cierto no fue un brillante Director de Pemex, actual jefe en el Infonavit, la edificación de viviendas.
Si lo que se pretende es reactivar la economía, es preferible sacar a concurso esas construcciones, y que participen los particulares. Los precios serán mejores y se respetarán los tiempos de entrega, o se sancionará su incumplimiento.
Existen en México importantes constructoras que han edificado obras magníficas como para que tenga el gobierno que estar construyendo viviendas.
De la misma manera determinó la Presidenta que los ferrocarriles México-Querétaro y México-Pachuca serán construidos una vez más por la Secretaría de la Defensa Nacional, una vez más, porque construyeron el Tren Maya, en donde el presupuesto original fue elevado significativamente y no respetaron los tiempos de entrega inicialmente ofrecidos. Encargarle esas obras a los particulares, será más caro para el país.
Es por eso que escribí que no entiendo algunas decisiones oficiales. Afirma el gobierno que hay división de poderes, y la Presidenta dice que no habrá problemas con la reforma judicial; se señala que debe de contarse con la participación de la iniciativa privada y obras tan importantes como los ferrocarriles mencionados serán responsabilidad en su construcción y, con toda seguridad, también en su operación de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Todavía no se cumple un mes de que la Presidenta protestó cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen y ya está violando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dándole a la Secretaría de la Defensa funciones que no le competen.
Se advierte tristeza y preocupación por todo esto que implica un rompimiento del Estado de Derecho, comenzando con la aberrante y torpe reforma judicial.
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
