De las Instituciones que trascienden e influyen en la vida nacional de México, menciono a la Universidad Nacional Autónoma de México y a nuestra Suprema Corte de Justicia.
De la Universidad han egresado, y seguirán saliendo, los hombres y mujeres que destacan en todas las disciplinas del saber humano.
En su Facultad de Derecho se han formado los juristas que, en sus actividades profesionales, además de tener sitios relevantes en el foro nacional, muchos han ocupado sitios destacados en la política, lo mismo en el Poder Legislativo, como en el Judicial e incluso algunos de sus alumnos han sido presidentes de la República.
En los últimos años, la Facultad ha contado con la presencia tanto en la cátedra como en diferentes actos académicos, con integrantes de los Poderes del Estado. Es de reconocerse, y lo hago como profesor de esa escuela, el esfuerzo con buenos resultados desplegado por su actual director, el doctor Raúl Contreras Bustamante.
Dentro de esos actos en los que la Facultad ha sido sede, tenemos el Seminario Internacional donde se abordó el tema de “Abuso y Límites del Poder Penal en Estados Democráticos de Derecho”.
La inauguración de ese acto estuvo a cargo de una brillante egresada de la Facultad, la Doctora en Derecho Yasmín Esquivel Mossa. Destacada jurista mexicana que ha desempeñado distintas responsabilidades en el servicio público, y que actualmente es ministra de la Suprema Corte de Justicia.
Para fortuna de los asistentes, la inauguración de esa reunión que estaba a su cargo no se limitó a la protocolaria declaración de dar por iniciados los trabajos, sino que dictó una magistral conferencia que al concluir contó con las entusiastas y efusivas expresiones de felicitación y admiración por los conceptos expresados.
Entre las ideas escuchadas se incluyó un sintético recorrido histórico; hizo alusión sobre cómo es que ha habido conductas que fueron reprimidas en otros tiempos, y que ahora nos sorprende pensar que sus infractores fueron sancionados hasta con la muerte, como lo que hacía el Santo Oficio.
Pero también se refirió a los tiempos actuales y a la participación de la Corte, para invalidar figuras delictivas que constituían excesos del poder público, como es el caso de la pena de prisión con la que se castigaba en el Código Penal de Veracruz, a quienes divulgaran noticias falsas; o la legislación nayarita que sancionaba las calumnias, lo que provocaba una limitación a la libertad misma de expresión para los medios de comunicación.
También haber ubicado, por decisión de la Corte, que el uso de un teléfono celular al conducir, como lo especificaba el Código Penal de San Luis Potosí, debería colocarse en el orden administrativo y no penal.
Mencionó y reconoció que no es tarea fácil, y sí laboriosa, revisar los Códigos Penales vigentes, para establecer qué figuras realmente justifican la intervención del Derecho Penal.
Al referirse a los números aportados por el Inegi respecto de los delitos cometidos por el país, y el número de víctimas que estos actos generaban, afirmó que ante la realidad que se está viviendo, es necesario que la seguridad pública considerada como un derecho fundamental se garantice por el Estado.
Haberla escuchado nos llevó a concluir que, en la Universidad Nacional, se preparan profesionistas con una profunda vocación y emoción social que, como ella, ahora trabaja en una importante tarea, y para bien de México, hemos de aspirar a que tenga mayores responsabilidades para servir al país.
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
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