El primero de septiembre es el día en el que en México se inicia el primer periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo, y ese día también es cuando acude el Presidente de la República a informar al Congreso sobre el estado que guarda la administración pública, como también las obras realizadas.
El primer informe que se dio en nuestro país fue de Guadalupe Victoria. Este acto de gobierno tiene sus antecedentes en Estados Unidos. Sus dos primeros presidentes, George Washington y John Adams, acudieron al Congreso personalmente para hacerlo; el tercer presidente, Jefferson, envió el informe por escrito y no compareció. Quien restableció la costumbre de acudir fue en 1913, Woodrow Wilson.
La normatividad de este acto esta señalada en el artículo 69 de nuestra Constitución de 1917, y se estableció desde la Constitución de 1824 en donde se señalaba que ese informe se rendiría el primero de enero. En la Constitución de 1857, se mantuvo la obligación presidencial de acudir a rendir anualmente a informar al Congreso.
Don Porfirio Díaz rendía su informe el 1 de abril, el primero fue en el año de 1897, y el último en 1911. Durante su gobierno acudía al Congreso dos días al año, el primero de abril, y el primero de septiembre.
A este día se le llegó a considerar en tiempos pasados, “el día del Presidente”. Los medios de comunicación informaban desde lo que había desayunado, su traslado a Palacio Nacional, en donde una comisión de diputados lo acompañaría hasta el recinto legislativo y recibía muestras de apoyo popular durante su recorrido.
Este acto se encuentra regulado tanto por la Constitución como por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 69 constitucional, se prescribe que el Presidente deberá presentar un informe por escrito en la apertura de Sesiones Ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso. Este acto ahora ya no exige la presencia del Presidente. El Informe se entrega por escrito por algún enviado del Ejecutivo.
Ha habido informes que han presentado hechos que son de recordarse por su trascendencia y singularidad. Entre ellos, puedo recordar los informes del presidente Díaz Ordaz de 1968 y 1969. En el primero que cité, refiriéndose a los disturbios que se padecían en la capital de la República, manifestó que se había sido tolerantes en exceso con esos actos que violaban el orden jurídico, pero que “todo tenía un límite”, y en su informe del año siguiente, afirmó que asumía, de los hechos del año anterior, “toda la responsabilidad histórica, jurídica y política”.
En el caso del gobierno de Echeverría en 1974, en su cuarto informe, cuando se encontraba secuestrado su suegro, José Guadalupe Zuno, manifestó que no cedería a las presiones de los secuestradores y que aun en el caso de que se atentara en contra del titular del Ejecutivo Federal, la Constitución establecía la forma en la que debería procederse ante la ausencia del Presidente de la República.
En su sexto informe de gobierno, al referirse a los “pobres y desposeídos”, a quienes había mencionado desde el inicio de su gobierno, lamentaba su situación y en la tribuna derramó unas lágrimas. En el caso del licenciado Miguel de la Madrid, en su sexto informe de gobierno, al estar mencionando las elecciones presidenciales celebradas ese año, fue interrumpido con las intervenciones de los diputados Luján y Porfirio Muñoz Ledo. En 2006, no le permitieron el acceso al recinto legislativo al presidente Vicente Fox.
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM