Se entiende por desprecio la falta de respeto, de reconocimiento y la aversión que se tenga en contra de alguien o de algo. Lamentablemente esa parece ser una de las consignas de la 4T. Desde el inicio de la presente administración, estamos contemplando y padeciendo esa falta de respeto al cumplimiento de nuestras instituciones legales.
Los casos son múltiples, la famosa frase de “abrazos y no balazos”, en vez del cumplimiento de la ley y la persecución jurídica enérgica, de los delincuentes, ha provocado miles de homicidios intencionales, como también el quebrantamiento de la paz social en todo el territorio de nuestro gran país.
Lo más triste es que también los servidores públicos violan la ley con el mayor desenfado, sabiendo que no habrá consecuencias a sus faltas legales. Las disposiciones del Instituto Electoral que le prohíben al titular del Ejecutivo referirse a temas electorales son ignoradas en sus intervenciones públicas.
La falta de respeto a los Poderes que integran nuestra organización política no solo son denostados, sino incluso amenazados de que tendrán que ser modificados para integrarse con criterios políticos y partidistas.
La misma idea de manera grosera la ha desarrollado quien aspira a la candidatura presidencial, el doctor en Derecho, Adán López Hernández. Confío que sean solo expresiones para coincidir con el gran elector y que, en su momento, presentado ese escenario, no habría de materializarlas.
Sería saludable, aun cuando quiera quedar bien con López Obrador, que cuidara su lenguaje, y no expresara, como ya lo hizo, que los ministros actúan de manera tal que son capaces de vender las estatuas de la Corte, o para arrancar el aplauso dijera las mentiras y falsedades que afirma respecto de la conducta del poder Judicial sobre los libros de texto. Don Adán, cuide sus expresiones no emplee tantos sofismas.
Ese desprecio del que hablo lo acabamos de ver con la violación a una suspensión definitiva ordenada por una juez federal. Les recordamos a los violadores de esa suspensión, que su conducta es un delito. El artículo 262 de la Ley de Amparo establece una pena de tres a nueve años de prisión, además de una multa e inhabilitación para ocupar un cargo público por el mismo número de años, al servidor público que no obedezca una suspensión. (fracción III de ese artículo)
Suspensión otorgada para no distribuir unos libros de texto gratuito que fueron elaborados con criterios políticos totalmente encaminados a seguir dividiendo al país, sin cumplir los procedimientos que deben acatarse.
La actual secretaria de Educación, sucesora de Vasconcelos, Torres Bodet y orden jurídico, entre otros ilustres mexicanos, los defiende. Triste su defensa. La culpa de su incapacidad para estar donde esta, no es de ella, sino de quien la nombró.
El desprecio a la ley se presenta no solo a nivel federal. En Oaxaca, Salomón Jara, emulando a Victoriano Huerta, con un servil Congreso local, modificó la Constitución de su Estado para destituir Magistrados y nombrar a quienes serán sus incondicionales. Como Victoriano Huerta, porque como el asesino de Madero, cumplió las normas establecidas para hacerse Presidente. Respetó la norma a costa de trastocar el régimen legal. Afortunadamente, y para bien de la Patria, tenemos a una Suprema Corte de Justicia que es garante del Estado de Derecho.
