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No es una equivocación que el título de este artículo aparezca con letras más pequeñas. Es la impresión que tengo de la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos, que me recuerda esa simpática película americana en la que el esposo le decía a su cónyuge: “empequeñecí a los niños”

Estas reflexiones, tienen sustento en diferentes hechos, uno de ellos, el más reciente, la recomendación de esa Comisión del pasado 26 de octubre, a la Fiscalía General de la República y al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para que revisara el procedimiento penal con el que fue condenado Mario Aburto por el homicidio de Luis Donaldo Colosio cometido hace 27 años.

En esa recomendación, se señala que la misma procede por “violaciones graves a las Derechos Humanos, integridad personal y trato digno, actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso”

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, de la que depende la oficina encargada de los penales federales, ya respondió en voz de su titular, que no existe la incomunicación que se menciona, y que incluso el señor Aburto está estudiando la carrera de licenciado en Derecho.

Por lo que se refiere al debido proceso, este se cumplió y respetó plenamente; asimismo, la Fiscalía creada para realizar las investigaciones de ese homicidio, hizo una investigación exhaustiva, científica e impecable. Admirable fue el trabajo del Fiscal Luis Raúl González Pérez y el entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar.

El artículo noveno de la Ley de esta Comisión, establece que es recomendable que el Presidente de la misma, sea licenciado en Derecho, sugerencia muy atinada. Un abogado puede entender mejor los hechos que deba valorar para adoptar las mejores decisiones.

Esta ley fue promulgada, por el Presidente Carlos Salinas como que él, en la época neoliberal, ahora mencionada cientos de veces en Palacio Nacional, creó esta institución el 6 de junio de 1990.

La imagen que ahora tiene la Comisión, se ve también deteriorada por quien la preside, la psicóloga Rosario Piedra Ibarra. Ella no reúne los requisitos para presidirla, que establece el artículo citado, en su fracción IV, que ordena: “No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación” Lo que no se cumple, porque en el lapso mencionado tuvo cargos, lo que es muy respetable, en el Partido Morena.

En vez de emitir recomendaciones de esa naturaleza, tendenciosa y más con contenido político, sería más útil recomendar a los órganos competentes, se desbloquen las vías ferroviarias en Michoacán que están lastimando los Derechos Humanos de muchas personas, e incluso a la economía del país.

También haber emitido una recomendación a propósito de todos los Derechos Humanos vulnerados con la ocurrencia de suspender la construcción del aeropuerto de Texcoco.

Otra podría ser para abandonar la actual política criminal que ha fracasado y los delitos, que atentan contra el más importante Derecho Humano, que es la vida, sigan siendo preocupantes, diarios y numerosos.