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Desafortunadamente, los cárteles mexicanos más poderosos y peligrosos son hoy también los principales actores en el negocio ilícito del tráfico de seres humanos. Esta actividad les reporta ganancias millonarias, tanto por el aumento que ha habido en los flujos migratorios, como por la impunidad asociada a este delito. Al ser los migrantes las principales víctimas, es poco probable que se atrevan a denunciar, ya que en su calidad de indocumentados y sabiendo de qué son capaces las redes criminales involucradas, tienen mucho miedo. Su necesidad primordial es llegar a Estados Unidos sin ser deportados.
En este sentido, los grupos criminales han expandido una práctica que identificaron particularmente útil y redituable, que es la inclusión y uso de menores de edad en el tráfico de personas. Si bien desde hace mucho tiempo reclutan e incorporan a menores en el fenómeno delictivo, como halcones o vigilantes, burreros o mulas, de un tiempo para acá se ha incrementado su uso como polleros o traficantes. Según datos de la Secretaría de Gobernación, las cifras de menores de edad que se dedican al tráfico de personas aumentaron en un 166% durante 2023, pasando de 750 a 1,998 niños participes de este ilícito.
La opción más rentable para los criminales es utilizarlos como niños o adolescentes de circuito para traficar seres humanos y sustancias hacia Estados Unidos ya que, por su edad, las autoridades de ese país no pueden retenerlos. Cuando atrapan a menores de edad, estos son liberados a los pocos días y retornados a México sin mayores consecuencias legales. De tal forma que, sobre todo en puntos fronterizos como Tijuana, Ciudad Juárez y varias ciudades de Tamaulipas, hay niños que han realizado más de 300 vueltas entre México y Estados Unidos, expuestos a un cúmulo de factores de riesgo en deterioro de su desarrollo personal, cognitivo y emocional.
En territorio mexicano, al amparo de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los menores de entre 12 y 14 años están exentos de responsabilidad penal, mientras que para aquellos de entre 16 y 18 años, la medida cautelar del internamiento preventivo sólo es posible por un periodo de “hasta 5 meses”. Es decir, que aún y cuando estos últimos sean detenidos por realizar actividades delictivas, serán liberados en un breve periodo por su condición de menores de edad. Que quede claro, la solución no está en modificar la ley y buscar el encarcelamiento o penas más largas, sino en generar factores de protección para que no sean presa tan fácil del crimen.
Muchos de los menores de edad reclutados por los criminales son niños migrantes no acompañados, o pequeños que provienen de zonas de alta vulnerabilidad social en ciudades fronterizas de nuestro país. Al recibir entre 200 y 1000 dólares por vuelta, según de lo que se trate, se convierten en los principales proveedores y sustento de sus hogares, lo que provoca que incluso algunos de sus familiares estén de acuerdo e impulsen esta dinámica de riesgo. Menores polleros que viajan desde el sur del país sorteando los peligros del tránsito, al igual que los que cruzan la frontera hacia Estados Unidos, son expuestos a numerosos riesgos propios del camino agreste, caminan por horas y días a altas temperaturas, enfrentando los peligros que encuentran en su ruta. Algunos se enferman, otros se lesionan o pierden, y hay incluso algunos que mueren en la travesía. Otros más, sucumben ante una realidad tan hostil, entran en pánico y se entregan a las autoridades.
El modus operandi utilizado para el reclutamiento de estos menores de edad es, en muchos de los casos, el engaño y las amenazas. Les dicen que fungirán como guías, monitores, cuidadores de migrantes o transportistas, algunos llevan personas y otros mochilas y bultos amarrados de cintura y espalda con diversas cargas de drogas. Los convencen o los implican de forma violenta aprovechando su vulnerabilidad.
Tan solo durante 2023, más de 113 mil niños y niñas transitaron por nuestro territorio, 60% más que en 2022. A pesar de que en el mundo la niñez representa menos del 15% de la población migrante, en la región de las Américas y El Caribe alcanzan un 25% de las personas en movilidad. Es urgente poner en marcha acciones de protección focalizada y hacer valer el interés superior de la niñez para proteger a estos menores y evitar que sean los grandes criminales del mañana.
@EuniceRendon