Hace unos días, en la carretera Villa de Comitán-Huixtla, Chiapas, elementos de la Sedena dispararon contra una camioneta que transportaba a 33 migrantes, en su mayoría provenientes de Egipto, Pakistán, Nepal y la India. El ataque dejó un saldo de al menos 7 muertos y 11 heridos de gravedad. Tras los lamentables hechos, la Sedena reconoció la matanza y anunció la separación del cargo de dos soldados después de que, según dicha institución, sus elementos confundieron a los migrantes con miembros de grupos criminales que operan en la región, se sintieron rodeados, creyeron oír detonaciones y dispararon. Hará falta una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos; para ello, las autoridades deben recabar los testimonios de los sobrevivientes, garantizando su seguridad y proporcionándoles atención médica y psicosocial, así como asegurando una reparación integral del daño para las familias afectadas.
Preocupa que no se trata de un caso aislado; las autoridades militares en repetidas ocasiones repelen supuestos ataques de parte de civiles a los que confunden con criminales. El 11 de octubre del año en curso, un enfrentamiento en el estado de Chihuahua dejó dos migrantes muertos y cuatro heridos. El 18 de mayo de 2023 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco jóvenes desarmados fueron presuntamente ejecutados extrajudicialmente por elementos del Ejército. Según los reportes, los militares simularon un enfrentamiento al colocar armas junto a los cuerpos, lo que fue captado en video, volviendo imposible encubrir la brutalidad de los hechos y generando indignación a nivel nacional e internacional. El 30 de marzo de 2021, en un retén militar en Motozintla, Chiapas, un migrante guatemalteco perdió la vida a manos de soldados mexicanos luego de no detenerse cuando se le solicitó. Estos eventos reflejan un patrón alarmante de uso desproporcionado de la fuerza y violación a los derechos humanos de las personas migrantes en México.
Una constante en México es que la letalidad es mayor cuando intervienen las fuerzas armadas, debido a los protocolos y entrenamientos orientados hacia la guerra. El informe “A(r)madas y letales”, de Data Cívica e Intersecta, muestra que las fuerzas armadas no solo recurren a la fuerza sin que sea el último recurso, sino que la emplean de manera desproporcionada. Desde 2007, su participación en enfrentamientos ha generado un mayor número de muertes civiles en comparación con las fuerzas de seguridad civil. Mientras las fuerzas armadas registran 4.4 muertos por cada herido, las policías registran 2.7. Además, en enfrentamientos con autoridades civiles, suele haber más detenidos que fallecidos, a diferencia de lo que ocurre con las fuerzas armadas, donde la proporción de fallecidos es mayor. Es urgente capacitar a los miembros del Ejército y la Guardia Nacional en proximidad, inteligencia, trabajo con poblaciones vulnerables y el uso proporcionado de la fuerza.
La reciente reforma que consolidó el control del Ejército sobre la seguridad pública, incluyendo la subordinación de la Guardia Nacional a la Sedena, pone de manifiesto la necesidad de transformar y adaptar a las fuerzas armadas para su interacción con la población civil. Sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas y control, el riesgo de violaciones de derechos humanos se incrementa. La concentración de poder bajo la jurisdicción militar dificulta aún más la posibilidad de enfrentar la impunidad de manera efectiva, dejando vulnerable a la población civil, y en particular, a quienes están en situación de movilidad.
Es crucial que el Estado mexicano reconozca la gravedad y recurrencia de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, ya sea por negligencia o participación directa, atendiendo esta problemática de manera focalizada.
@EuniceRendon
