Los migrantes que transitan por México en su camino hacia Estados Unidos están expuestos cada vez a más peligros, ya sea en nuestro territorio o al llegar a su destino. Tras la tercera reunión de alto nivel sobre seguridad que se dio entre ambos países en octubre de este año, en la que por primera vez se abordó el tema migratorio como una de las prioridades, pareciera que uno de los acuerdos fue aumentar el control en la frontera sur y evitar el tránsito de migrantes a toda costa. El Instituto Nacional de Migración ha dejado de otorgar las tarjetas de tránsito humanitario que hasta entonces había expedido, dejando varados en el sur del país a numerosos migrantes y generando reclamos y manifestaciones por parte de migrantes y grupos defensores de los derechos humanos de las personas en movilidad.
En los últimos meses los flujos migratorios han aumentado y hemos visto salir del sur de México una caravana tras otra. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la migración irregular aumentó 62% en lo que va de 2023. Al igual que en el año anterior, los mayores flujos provienen de Venezuela, Cuba y Haití, aunque también han aumentado los que provienen de Ecuador, Colombia, Nicaragua y Honduras. Como factores de empuje sobresalen la inseguridad, la represión política y las carencias socioeconómicas. Algunos se arriesgan a atravesar el Darién en su camino hacia el norte, mientras que otros han aprovechado los vuelos charters desde Cuba, Haití y República Dominicana hacia Nicaragua. Incluso hay reportes que sugieren el aumento de la migración africana mediante este tipo de vuelos, provenientes de España.
Como resultado del desbordamiento migrante, los albergues, tanto de la sociedad civil como los puestos en marcha por el gobierno, están saturados en diversas partes del país como Chiapas, Ciudad de México, la región de la Laguna, Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras y varios puntos de Tamaulipas. Esta situación ha ocasionado que los migrantes formen sus propios campamentos callejeros en diversos puntos de las ciudades y que muchas veces las autoridades migratorias y de seguridad, vulneren sus derechos, respondiendo con redadas de desalojo y detenciones.
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El aumento en la migración se da, asimismo, en el contexto de un progresivo aumento de prácticas antinmigrantes, abusivas y deshumanizantes en EU. Derivado de una campaña electoral racista y xenófoba encabezada por los candidatos del partido Republicano de cara a las elecciones en 2024, hemos visto mayor presión y políticas cada vez más restrictivas por parte del gobierno de Biden. Algunos estados, como Texas, destacan por lo extremista de sus propuestas antiinmigrantes. Tal es el caso de la operación Estrella Solitaria emprendida por el gobernador Abbot en 2021, que se basa en la securitización y violación de los derechos humanos de los migrantes; los cientos de autobuses con migrantes que han enviado a Nueva York y Washington; o las inhumanas boyas colocadas a lo largo del Río Bravo.
La política más radical es la reciente aprobación en el Senado de Texas de la Ley SB4, iniciativa que permite a la policía en ese estado, arrestar a migrantes indocumentados y a jueces estatales ordenar su deportación al país desde el que entraron al estado de Texas, presumiblemente México. Seguramente en las siguientes semanas empezará una batalla legal en las cortes, por ser el tema migratorio de competencia federal. Además, ningún juez estadounidense está facultado para deportar extranjeros a México sin que exista un acuerdo previo con las autoridades mexicanas. Nuestro gobierno, además de manifestar su postura en contra de las políticas racistas que se busca implementar en el otro lado de la frontera, debería reivindicar nuestra soberanía y expresar su desacuerdo para que deporten a ciudadanos no mexicanos en nuestro territorio.
Esperemos que en la reunión bilateral que sostendrán los presidentes de Estados Unidos y México el día de hoy, en el marco de la APEC, se aborde la migración desde un enfoque más integral y de ampliación a las vías legales para las personas en movilidad. La apuesta por la criminalización, además de inhumana, ha mostrado ser ineficaz. El aumento en los flujos es la prueba más tangible.