Como cada año desde 2001, este 20 de junio se conmemoró el día internacional del refugiado, fecha que busca visibilizar a las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares y países en búsqueda de protección debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas.
México, por su situación geográfica, cuenta con todas las caras de la migración: es un país de expulsión, tránsito, destino, retorno y desplazamiento interno. Sin embargo, como resultado de las políticas de securitización y criminalización de la migración en Estados Unidos, los patrones se han modificado y nos hemos convertido, cada vez más, en un país de destino para gran parte de los que antes solo transitaban por nuestro territorio. Actualmente, México es el tercer país con mayor número de peticiones a nivel internacional, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania.
En 2014, 2,137 migrantes solicitaron el refugio en México. Desde entonces y hasta la fecha, la cifra ha aumentado de manera exponencial, especialmente desde la llegada de Trump a la presidencia en Estados Unidos. Entre 2015 y 2019, las peticiones se multiplicaron por veinte, pasando de 3,423 a 70,418. Con la llegada de Biden, el crecimiento se ha mantenido: en 2021 hubo 131, 448 solicitudes, mientras que en 2022, 118, 470. En lo que va del 2023, la tendencia va por el mismo camino y, de acuerdo con la Comisión Mexicana para el Refugio (Comar), podrían superarse las 140,000 solicitudes.
Si bien hay individuos que escogen a nuestro país como su primera opción de refugio, la mayoría solicita la protección en México por otros motivos. Muchos deciden permanecer, cansados de los riesgos que han encontrado en el trayecto y a causa de las trabas y requisitos impuestos por las autoridades estadounidenses, quienes de manera inhumana y contraviniendo los compromisos internacionales y la normativa de refugio en su legislación, requieren que los solicitantes en su territorio muestren que ya les fue negado el refugio en otro país.
Las autoridades estadounidenses calculan que hay cerca de 150 mil migrantes esperando ingresar a Estados Unidos. Por lo tanto, han decidido externalizar el control de sus fronteras a México mediante diferentes políticas, desde el conocido Permanece en México hasta el título 42, el título 8 y ahora a través de deportaciones voluntarias de personas de otros países al nuestro. Las amenazas y requisitos difíciles de cumplir son el pan de cada día para las personas en movilidad, partiendo por un sistema de citas en línea (CBP-ONE) que se satura y que pone en jaque su salud mental y la de sus familias. Asimismo, el programa de visas humanitarias (parole humanitario) no ha sido funcional, por no ir de acuerdo con la realidad del fenómeno migratorio actual. Entre otros requisitos, solicitan un pasaporte a aquellas personas que quieran aplicar, situación difícil de cumplir para muchos de los migrantes. En los últimos meses prometieron otorgar cerca de 210 mil visas humanitarias para personas de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, pero han brindado tan solo 79 mil.
No parece que la tendencia a la alza vaya a revertirse en los próximos años y, de continuar las políticas restrictivas de Estados Unidos, el número de solicitudes de refugio en México podría aumentar todavía más. La capacidad de las instituciones para hacer frente a los flujos migratorios está rebasada y los presupuestos son insuficientes. Sin embargo, algunos actores, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, contribuyen con el gobierno mexicano y han mostrado cómo podemos y conviene transitar de la securitización a la integración económica y social de los refugiados, con una perspectiva humana, productiva y empática.
