Esta semana la candidata a la Presidencia Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional Anticorrupción, de la mano de Javier Corral, miembro de su consejo asesor. Se trata de una serie de propuestas transversales para combatir de manera integral el problema de la corrupción.
La propuesta, que llega a escasos 2 meses de las elecciones, distancia a la candidata de la postura mantenida durante este sexenio, en el que la figura del presidente se ha erigido como la representación del remedio a los problemas sociales. Sheinbaum parte de la premisa de que no basta con tener gobernantes honestos —sustituyendo así la posición de AMLO basada en los buenos deseos y la altura moral— para presentar una agenda más técnica y con políticas concretas.
Quizás la propuesta más sugestiva es la creación de la Agencia Federal Anticorrupción, que tendría como objeto la investigación, persecución y sanción de funcionarios públicos y contratistas, en casos de corrupción. En el mismo sentido, la conformación de fiscalías y tribunales especializados en la materia, abonarían al fortalecimiento y consolidación de un aparato institucional con mayor capacidad para hacer frente a la corrupción sistémica en nuestro país.
Como parte de la mejora en los mecanismos de investigación y sanción de actos de corrupción, la estrategia contempla una serie de acciones complementarias. Primero, la transformación digital en las organizaciones gubernamentales reduciría las interacciones entre particulares y servidores públicos, disminuyendo los espacios para el soborno o la extorsión; además, servirá para sistematizar información para el cruce de datos de distintas fuentes para realizar inteligencia anticorrupción. Segundo, la capacitación, profesionalización, y coordinación entre autoridades facultadas para la función anticorrupción facilitaría la detección y el combate en contra de los casos que surjan. Al respecto, se prevé también un esquema nacional de denunciantes de corrupción que, además del anonimato y la protección que otorga la Secretaría de la Función Pública (SFP) actualmente, ofrezca incentivos, como las recompensas. Tercero, una reforma constitucional y legal que dé sustento a la política anticorrupción que se plantea. Si bien todas ellas son positivas y necesarias, es un error creer que un problema sistémico como la corrupción se va a solucionar nada más por crear leyes o políticas. Hace falta implementar las regulaciones existentes, cobrando por ejemplo los 2.5 mdp de multas sin saldar impuestas por la SFP a empresas por violar las leyes de las compras públicas en los últimos 20 años, además de sanciones visibles y emblemáticas que generen confianza al tiempo de contribuir en la promoción de una cultura contraria a la corrupción que permee en lo más profundo de la sociedad.
Otra cuestión preocupante es que el modelo de implementación propuesto para la Agencia Federal Anticorrupción la vuelva dependiente del Ejecutivo Federal, ya que quedaría supeditada al control y los intereses de una rama del gobierno cuya estructura estaría encargada de fiscalizar. La efectividad del combate a la corrupción conlleva necesariamente la consolidación de instituciones independientes e imparciales, con suficiente capacidad técnica, económica e institucional para realizar sus funciones.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, México ocupa el puesto 126 de 180 países evaluados, con una calificación de 31 puntos sobre 100 en corrupción, siendo el peor evaluado de los que pertenecen a la OCDE. La estrategia anticorrupción de Sheiunbaum llega en el momento perfecto, esperemos que, de resultar ganadora, el nuevo sistema anticorrupción sea implementado cabalmente y no se quede en lo meramente declarativo. Difiero con la idea de que la corrupción “no es un asunto cultural”; está tan arraigada en las y los mexicanos, que muchas veces pasa inadvertida y la mayoría de ellas permanece indemne. México es un país de leyes, ojalá el siguiente gobierno trabaje para que se convierta en un país donde impere la ley.
@EuniceRendon
