El caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, y la filtración de fotografías y un video en el que aparentemente uno de los adolescentes es obligado a matar a sus amigos, son un reflejo de la violencia y brutalidad que se vive en nuestro país.
Es innegable que en México existe una falta de estado de derecho, situación que la delincuencia ha aprovechado para empoderarse. Se ha identificado la presencia del crimen organizado en 80% del territorio nacional y en más de la mitad de los municipios del país.
Es cierto también que hemos normalizado la violencia y las atrocidades en la dinámica social desde hace ya varios años. Más precisamente, desde 2006, que se inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Han surgido nuevos grupos que se disputan el territorio y se han diversificado las actividades de la economía criminal. Desde entonces, suman más de 435 mil víctimas mortales, de 100 mil desaparecidos, y de 6,500 feminicidios (desde que se tipificó este delito en 2015). También, hay que subrayar el incalculable fenómeno de los desplazamientos forzados, la violencia política y en contra de periodistas, así como otros penosos primeros lugares de México en temas relacionados con la violencia.
Ser joven en México es un peligro con riesgos mortales. Según el censo poblacional existen cerca de 38 millones de jóvenes, es decir, el 30% de la población total. Seis de cada diez jóvenes han sufrido algún tipo de violencia en sus hogares y, desafortunadamente, son las principales víctimas y victimarios dentro del fenómeno delictivo. Nuestras juventudes están muriendo asesinadas. Según datos del Inegi, el homicidio es la primera causa de muerte entre los 15 y los 44 años, además de que 40% de los homicidios totales en nuestro país recae en este grupo etario.
La dolorosa muerte de Dante, Diego, Jaime, Roberto y Uriel en Lagos de Moreno, desafortunadamente no es un caso aislado. Basta recordar casos similares en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Zacatecas, así como Zapopan y Tonalá recientemente. Cambian las circunstancias, los nombres y las fechas, pero la constante es que los jóvenes se han convertido ya en un segmento especialmente vulnerable a los embates del crimen organizado. Ya sea que los confundan con integrantes de bandas enemigas o que busquen utilizarlos para actividades delictivas, miles de jóvenes han muerto o desaparecido en México. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, aproximadamente 35 mil niños y adolescentes han sido reclutados por el crimen.
Indigna la difusión de información confidencial y sensible, es lamentable que las víctimas y sus familias sean revictimizadas por algunos medios de comunicación y por parte de quienes filtran de manera irresponsable la información. Además de entorpecer las investigaciones, la especulación y mediatización de los casos de violencia lastiman a la sociedad y, especialmente a las personas involucradas en momentos tan difíciles. El padre de una de las víctimas señaló no haber visto las imágenes difundidas: “… no quiero lastimar mi mente. No los he visto y no los quiero ver… porque quizá ya no soporte eso.. quiero permanecer fuerte, porque tengo la esperanza de que mi hijo vuelva a casa”. Si bien es un tema que interesa a la sociedad en su conjunto y que lastima a la colectividad, es primordial defender la privacidad de las víctimas. El periodismo y la opinión pública tienen también una responsabilidad frente a la violencia, que lamentablemente no acaba con el acto delictivo.
En los últimos 17 años la violencia se ha mantenido como el principal problema y seguirá siéndolo si no se adopta una estrategia diferente a la militarización, que ya ha probado ser fallida. No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Urge contar con las políticas adecuadas que permitan a nuestras juventudes vivir en plenitud.