A cuatro años de la creación de la Guardia Nacional (GN) vale la pena hacer un recuento de su desempeño, pero, sobre todo, de los retos que esta institución deja de cara al próximo gobierno.
El carácter civil con el que fue concebida esta institución ha quedado en el olvido, si consideramos que la totalidad de los mandos y más del 70% de sus miembros provienen de las fuerzas armadas. La presencia militar en las calles viola el derecho nacional e internacional, que establecen que la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria al poder civil.
En cuanto a su eficacia, el general Córdova, jefe de la GN, resalta el número de detenciones, decomisos de drogas, el despliegue de 128 mil elementos -con la promesa de cerrar el 2024 con 161 mil- y la ampliación de la infraestructura a 295 instalaciones en 266 coordinaciones territoriales, lo cual los convierte en la fuerza de tarea más numerosa que ha existido en nuestro país.
El incremento en la infraestructura territorial es una buena noticia y algo que la extinta policía federal nunca logró. No basta con la presencia y disuasión de las fuerzas del orden, se requiere una estrategia integral con inteligencia y capacidad de investigación diferenciada según el tipo de delito. Además, si consideramos que el 95% de los delitos son del fuero común, la corresponsabilidad de las autoridades de seguridad tanto estatales como municipales, es fundamental. Sin embargo, la desaparición de fondos para estas corporaciones dificulta esta colaboración.
A pesar de que el robo y el secuestro han logrado reducirse, la violencia homicida se ha controlado a niveles muy altos y la falta de estado de derecho es patente en numerosas zonas del país. Existe una dispersión del crimen, expansión de algunos cárteles, incremento en delitos en contra de mujeres y niñas, y se han diversificado y aumentado las extorsiones.
Muchos son los retos que, en términos de investigación, estrategia, coordinación, complementariedad, participación como primer respondiente, reducción de delitos, tiene la GN. Sin embargo, el desafío más importante es la falta de capacidad en materia de prevención y proximidad. Preocupa que los logros que se presumen en este rubro sean dar charlas en escuelas y participar en desfiles. La prevención requiere, entre otras, estrategias territoriales permanentes que generen alternativas y factores de protección, al tiempo de evitar la inclusión de los jóvenes, cada vez más menores, al crimen.
El argumento más utilizado por este gobierno para defender la presencia militar en las calles es la confianza ciudadana en las fuerzas armadas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022, el nivel de confianza de los ciudadanos en la GN, es del 80.9%, mientras que en 2021 fue de 82.7% y en 2020 de 82.8%. A pesar de que siguen gozando de buena aceptación, su popularidad ha disminuido y seguirá haciéndolo mientras continúe su presencia en las calles.
El Ejército goza de características muy positivas para cualquier cuerpo de seguridad, como su doctrina, disciplina, sentido de pertenencia y la posibilidad de hacer carrera. Sin embargo, los militares están entrenados para combatir “amenazas”, una aproximación muy distinta a la que se necesita para atender las tareas civiles de seguridad.
Este gobierno no solo ha incumplido su promesa de regresar paulatinamente al Ejército a sus cuarteles, sino también respecto a algunos temas que nos ilusionaron a muchos, como trabajar en las causas sociales de la inseguridad y una política de drogas progresista. Contrario a esto, se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa, se han sobrepoblado las cárceles y se han otorgado más recursos y poder a las fuerzas armadas.
El Presidente se aferra a la idea de transferir el mando de la GN la Sedena, lo que legalizaría la actuación hasta ahora ilegítima de la Guardia. No obstante, lo único cierto es que independientemente del desenlace, no se vislumbra un futuro cercano sin la Guardia Nacional. De ahí la importancia de definir y dar certidumbre respecto de la naturaleza de sus funciones, al tiempo de impulsar nuevas generaciones de Guardias formados para la seguridad pública, con perspectiva de género y de derechos humanos.
@EuniceRendon