A semanas de que concluya la presidencia de AMLO, y a pocos meses de que el presidente estadounidense Joe Biden deje la Oficina Oval, ha surgido un nuevo episodio de tensión entre ambos países derivado las críticas de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, a la reforma judicial impulsada por el gobierno federal mexicano.
No había transcurrido ni un mes desde que autoridades estadounidenses detuvieran a “El Mayo” Zambada, en circunstancias poco claras y con versiones contradictorias de las distintas partes involucradas. Si bien en aquella ocasión el gobierno mexicano no pudo ocultar su desconcierto ante la falta de información y la ausencia de colaboración binacional para la captura, esta vez optó por una respuesta más contundente, declarando que su gobierno ponía una pausa a las relaciones con la embajadas estadounidense y canadiense.
Si bien el presidente mexicano dirige la política exterior del país y sus declaraciones tienen efectos jurídicos, la figura de la “pausa diplomática” no está reconocida en el derecho internacional y surge más bien como un recurso retórico que pretende dar eco a un reclamo, sin exponerse a las consecuencias reales que podría desencadenar una acción diplomática de mayor envergadura.
Pero más allá del uso unilateral de la pausa como recurso político de AMLO, vale la pena evidenciar que cada vez son más y más evidentes los desencuentros entre México y Estados Unidos. La pausa es la excusa perfecta para evitar afrontar de manera directa un hecho ineludible, que es la pérdida de confianza y el consecuente deterioro en la relación bilateral.
Tiene razón el gobierno mexicano en reaccionar frente a los comentarios del embajador de Estados Unidos por considerarlos una injerencia en los asuntos internos de nuestro país. México es un Estado soberano y, como tal, no tendría por qué pedir permiso a Estados Unidos ni a ningún otro país para realizar reformas a las leyes. Las críticas de Ken Salazar, en su calidad de embajador de Estados Unidos, no solo sobrepasan los límites que dicta la diplomacia, sino que generan una presión política y financiera importante, impactando también en los mercados. Varias instituciones financieras, como Morgan Stanley, Citibanamex o el Bank of America han salido ya a desaconsejar las inversiones en México por el potencial riesgo de la reforma al Poder Judicial y el dominio absoluto de Morena en el Congreso.
Estados Unidos tiene un largo historial injerencista en la vida política de los países de nuestra región ya sea por las buenas o por las malas. México está atrapado entre su interés soberano y la interdependencia económica fruto de la integración y la globalización. Al respecto cabe recordar las amenazas de Trump de romper relaciones comerciales con México o aumentar los aranceles a las exportaciones, como mecanismo para presionar a nuestro gobierno con el tema migratorio. Sin embargo, actuar más allá de una nota diplomática o un extrañamiento con una pausa, si bien no tiene consecuencias jurídicas, sí tiene el potencial de dañar políticamente aún más la ya deteriorada relación.
Si bien tras las declaraciones de los embajadores de EU y Canadá parece haber habido una desescalada en la confrontación, valdría la pena buscar acuerdos para que el gobierno de Claudia Sheinbaum y quien resulte vencedor en las elecciones estadounidenses retomen el diálogo cordial y puedan trabajar en una agenda conjunta. Obrador ya está por dejar el cargo, y las consecuencias de sus últimas decisiones serán heredadas por la presidenta electa. Aunque hasta ahora ha mostrado afinidad con las políticas del mandatario saliente, a Sheinbaum no le conviene asumir el poder en un clima de abierta hostilidad con nuestros principales socios comerciales y mercados.
@EuniceRendon
