Desde su creación en 2019, la evolución de la Guardia Nacional (GN) ha sido accidentada. Primero, fue concebida como un híbrido de tres fuerzas con bagajes y doctrinas diferentes: la Marina, el Ejército y la Policía Federal. Y a pesar de que tras un largo debate entre el oficialismo y la oposición se estableció como una institución de seguridad pública "de carácter civil", dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en los hechos el entrenamiento y doctrina de los “nuevos miembros” recayó en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), relegándose desde el inicio a los elementos civiles. Por ello, no sorprende la pretendida reforma que traspasa de manera formal el control de la GN a la Sedena, eliminando formalmente el carácter "civil" de la institución y derivando en la baja de los cerca de 15 mil miembros de la extinta Policía Federal que aún permanecen en la Guardia. Sin embargo, cambios de esta envergadura ameritan una reflexión más profunda y constructiva.
Las fuerzas armadas gozan de un nivel importante de confianza por parte de la ciudadanía (89.3% de la población identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira, seguida del Ejército con 86.7% y 80.6% para la GN), cuentan con una doctrina y formación enfocadas a proteger la seguridad nacional, que históricamente le ha sido confiada y han hecho un gran trabajo en auxilio a la población civil en casos de emergencias y desastres naturales. Además, la posibilidad de crecer dentro de la institución es sin duda una de sus cualidades más valiosas y dignas de replicar. No obstante, al no haber sido concebidas para las funciones de seguridad pública, carecen de voluntad y capacidad para actuar como primer respondiente, de formación en materia de proximidad y prevención social de la violencia, de perspectiva de género, y de capacidad de mediación, entre otras habilidades, situación que no considera la reforma.
El argumento más socorrido para justificar la militarización es que la situación de seguridad del país lo exige. Sin embargo, los hechos no respaldan esta narrativa, pues el enorme despliegue de esta fuerza hasta el momento no ha derivado en mejores resultados en materia de seguridad.
Como ciudadanos nos preocupa que los legisladores tomen decisiones al vapor y sin una reflexión profunda del estado de las cosas. La sustitución de la policía por los militares, so pretexto de la debilidad e incapacidad de los primeros, no atiende ni resuelve las causas subyacentes que originan dicha incapacidad. Tenemos valiosos ejemplos de éxito de mandos y estrategias civiles, partiendo por el de la Ciudad de México. ¿No sería mejor aprovechar la experiencia y conocimientos del futuro secretario Harfuch para fortalecer a las policías locales y poner en marcha las estrategias focalizadas y regionalizadas que el país requiere?
Existe un consenso acerca de la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para garantizar la seguridad pública, pero no respecto de los medios para hacerlo. Cuesta creer que será el resultado inmediato de una reforma carente de discusión; se requiere repensar y reorganizar la inteligencia, la investigación, y la estrategia en el territorio. Por más de que se habla de una mayor capacidad operativa de la GN, nos hemos quedado únicamente en un cada vez mayor despliegue en el territorio.
Más allá de la conformación partidista de las Cámaras, hace falta un nivel de discusión más amplio y serio, que no se quede en la repetición de una idea, sino que profundice y proponga con técnica y sensatez cómo atender y superar los desafíos que en materia de seguridad pública tiene nuestro país. Si habrá una Guardia Nacional y esta será de carácter militar, corresponde subsanar sus insuficiencias de origen y aquellas que se han hecho evidentes a través de su experiencia.
Paralelamente, el plan de seguridad de Harfuch para los primeros 100 días de gobierno, plantea ideas interesantes como fortalecer la inteligencia e investigación, reestructurar secretarios de seguridad estatales y combatir redes criminales en estados críticos como Chiapas y Michoacán. También prioriza la reducción de homicidios y la formación policial bajo la coordinación del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. ¿Logrará el próximo secretario de Seguridad que las fuerzas armadas se subordinen a su estrategia a pesar de que nunca antes lo han hecho?
@EuniceRendon