Esta semana, tras felicitar por su triunfo a la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, el presidente Joe Biden firmó una Acción Ejecutiva antinmigrante que ha generado gran revuelo. El texto, que responsabiliza al Congreso del supuesto fracaso para abordar el tema migratorio, limita la posibilidad de que los inmigrantes que crucen ilegalmente puedan solicitar el refugio, pues establece la suspensión y limitación de entrada a los no ciudadanos estadounidenses cuando las detenciones en un periodo de siete días consecutivos superen las 2500 personas. Dicha suspensión, será interrumpida cuando durante 14 días el promedio de detenciones semanales sea menor a 1,500 personas. La realidad es que, tan solo en abril, hubo semanas con hasta 4,000 detenciones diarias, y que, a finales de 2023, alcanzaron 10 mil y hasta 12 mil detenciones diarias, por lo que muy probablemente la medida se mantenga generalmente activa.
Esta acción ejecutiva se da en el contexto de las elecciones en Estados Unidos, y está dirigida a atraer a un electorado que ha criticado la tibieza de Biden en el tema migratorio, en contraste con Donald Trump. Sin embargo, los principales afectados con la medida son la población migrante, y México, que sufrirá las consecuencias directas de la deportación a su territorio personas de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Si bien la medida exenta a poblaciones como la niñez no acompañada, no considera a los menores que viajan en unidades familiares que, desde hace un par de años, son la mayoría. Tan sólo en lo que va de 2024 cerca de 500 mil familias han sido detenidas por la patrulla fronteriza.
El uso sostenido del territorio mexicano para el retorno de personas de terceros países, sin llegar a un acuerdo con nuestro país, sin coordinación, ni recursos para la atención de estas poblaciones, vulnera sus derechos tal y como sucedió con el Título 42 en su momento, cuando, con el pretexto de la pandemia, retornaron a territorio mexicano a personas de 7 países diferentes. Como ya lo ha manifestado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, las medidas estadounidenses que obstaculizan la solicitud y eventual obtención de esta figura humanitaria, contravienen las leyes estadounidenses y el derecho internacional. A pesar del incremento de solicitudes de los últimos años, Biden ha otorgado la mitad del número de refugios que Obama y solo 22% más que Trump.
Los republicanos posicionaron de manera exitosa el tema migratorio como una de las principales preocupaciones de los estadunidenses de cara a las elecciones, infundiendo de manera efectiva en medios y en el electorado la idea de que Biden ha implementado una política de puertas abiertas en la frontera.
El presidente López Obrador, tras la llamada con su homólogo de Estados Unidos, dijo que no se cerrará la frontera y que ambos países continuarán hasta el fin de su mandato con la relación cordial y de cooperación que han mantenido. Una vez más parece haber información que se queda en las conversaciones privadas entre ambos mandatarios, pues los comunicados emitidos por ambos países no son claros en los temas que más pudieran afectar a México y a las personas en movilidad.
Del lado estadounidense, organizaciones promigrantes han impugnado la medida por atentar contra los derechos humanos de las personas migrantes, por lo que seguramente seguirá su camino en las cortes de ese país; sin embargo, en el corto plazo, le servirá a Biden para mandar un mensaje claro y contundente a los electores, al tiempo de generar miedo y posiblemente disuadir a parte de los migrantes que pretenden ingresar a Estados Unidos.
Esta medida es una muestra de los retos que en materia migratoria tendrá que enfrentar nuestra próxima presidenta. Ojalá sepa anticiparse y con asertividad y un equipo experimentado logre mejorar las condiciones y acuerdos con nuestros vecinos del norte.
