Esta semana, durante las reuniones sostenidas entre México, Estados Unidos y Canadá sobre drogas, seguridad fronteriza y migración, el fentanilo volvió a ocupar un lugar central en la agenda. La llamada “epidemia de opioides” se ha convertido en el problema más importante para la salud de los estadounidenses: tan solo en 2022, ocasionó más de 110 mil muertes por sobredosis. 12 millones de personas consumen este tipo de drogas y 900 mil usan heroína.
Este gran número de consumidores ha hecho del fentanilo un negocio muy lucrativo para los grupos del crimen organizado, quienes lo producen y transportan fácilmente. Desde 2019, los cárteles mexicanos se han convertido en uno de los principales proveedores de este opiáceo a Estados Unidos, desplazando a China quien por muchos años fue su principal abastecedor.
El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína, 100 veces más fuerte que la morfina y mucho más económico que ambas. De ahí que los criminales la usen para cortar otras drogas, volviéndolas más accesibles, potentes, adictivas y letales. Según la DEA, un kilo de fentanilo puro que cuesta hasta 5 mil dólares, se puede mezclar para obtener hasta 24 kilos de droga, lo que equivale a una ganancia de 1.9 millones de dólares; asimismo, sirve para producir un millón de pastillas que podrían derivar en un ingreso de hasta 20 millones de dólares.
Ante esta realidad, el gobierno de Estados Unidos se encuentra en una cruzada contra el fentanilo que tiene al 5% de su población en riesgo. Hace algunos días, el secretario de Estado, Antony Blinken, convocó a 84 países a una reunión con la intención de crear una coalición para mejorar la cooperación y la lucha contra esta y otras drogas. Sin embargo, el gran ausente fue China, uno de los principales productores de los precursores indispensables para la producción de esta droga.
Como parte de la agenda bilateral con México, además de la presión para seguir aumentando el decomiso de este opiáceo, que en los últimos 3 años ya se ha incrementado en un 900%, se creó un grupo de trabajo para evitar que los traficantes usen empresas legítimamente establecidas y para fortalecer la regulación del etiquetado de carga y el traslado de precursores químicos. Adicionalmente, y de manera errónea, el gobierno mexicano ha obstaculizado los permisos para su importación, generando un desabasto de fentanilo médico en nuestro país, a pesar de que se consumen 4.6 kilos de fentanilo médico al año, frente a las aproximadamente 5 toneladas que produce el crimen organizado en ese mismo periodo de tiempo. Que quede claro: los criminales no consiguen el fentanilo de los hospitales, lo producen en laboratorios clandestinos. Esta medida únicamente ha afectado a anestesiólogos y por supuesto pacientes, pues el fentanilo tiene características con las que no cumplen otros anestésicos.
Lo que sucede hoy en Estados Unidos es una crisis de salud pública difícil de revertir, pues es el resultado de más de 15 años en los que se permitió que la población estadounidense se volviera adicta, lo que requiere de un abordaje de salud pública integral en el cual la prevención, la atención comunitaria y la reducción del daño ocupen un lugar primordial en la agenda.
Si bien parte de la solución está en la reducción de la oferta, la solución tiene que ir más allá de la presión a México y otras naciones productoras. Estados Unidos debe evitar trasladar el problema fuera de sus fronteras para enfocarse en sus causas profundas; mientras el mercado estadounidense siga requiriendo del fentanilo, los criminales en México, China o cualquier otro país que participe en la producción de esta sustancia seguirán haciéndolo.
Aunque existe el riesgo de que el consumo de fentanilo siga aumentando en nuestro país, difícilmente alcanzará las proporciones del problema de nuestros vecinos del norte, en donde la adicción a los opioides ha ido creciendo por décadas. El potencial mortífero del fentanilo debería preocuparnos solo en tanto empiecen a mezclar esa sustancia con el cristal, que sí representa un riesgo importante para nuestra sociedad, pero que no ocupa una prioridad en la agenda bilateral, es decir, en la agenda de Estados Unidos.
@EuniceRendon
