Desde el pasado 21 de julio, en un movimiento inusual, cientos de mexicanos han migrado desde la frontera sur de Chiapas hacia el municipio de Cuílco, en el departamento de Huehuetenango, en Guatemala. Este éxodo se debe a la violencia y las disputas territoriales que han azotado la región en los últimos años -y que se han recrudecido los últimos meses-, producto de la lucha por el control del tráfico de drogas y personas entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En los últimos tres años, Chiapas se ha convertido en un foco rojo de inseguridad, con una evidente falta de estado de derecho en algunas zonas. Lamentablemente, las amenazas, los bloqueos, secuestros y el reclutamiento forzoso de jóvenes se volvieron parte de la vida cotidiana en muchos rincones del estado, dando lugar a la ruptura de la organización social de comunidades enteras, cuyos habitantes prefieren abandonar sus hogares y pertenencias en lugar de someterse al control de los grupos criminales. Los desplazamientos internos hacia comunidades vecinas se volvieron cada vez más habituales y numerosos entre los residentes de los municipios chiapanecos de la frontera sur, dando lugar ahora a un tipo de migración inversa a los flujos tradicionales (que usualmente van de sur a norte), para llevar a un número creciente de mexicanos a huir a territorio guatemalteco.
Los testimonios dan cuenta de la desgracia: “Un día, los grupos se enfrentaron y las balas atravesaron el techo de lámina de nuestra casa”, relata una madre. “Nos abrazamos a nuestros hijos y nos escondimos bajo la cama, temiendo que vendrían por nosotros”. Otra madre menciona: “Del miedo, no pudimos sacar nada, ni ropa, solo salimos con lo que llevábamos puesto y caminamos por el monte durante casi cinco horas, porque mis niños caminan despacio”. En su desesperación, hay familias completas que buscan su seguridad desplazándose en grupo y arriesgándolo todo; otras, han debido separarse, como es el caso de un hombre que dejó a su madre en una iglesia, históricamente un sitio de refugio, amparo y protección, con la esperanza de reencontrarse más adelante.
Las regiones más afectadas son la fronteriza y la sierra, donde municipios como Chicomuselo, Amatenango del Valle, La Grandeza, Bella Vista, Frontera Comalapa y Siltepec han visto a comunidades enteras marcharse. Aquellos que han decidido quedarse, aferrados a sus hogares y comunidades, viven bajo el control del crimen organizado, en una realidad que apenas se asemeja a la de antes.
Muchos de los mexicanos que han huido a Guatemala están solicitando protección migratoria y anticipan que seguirán llegando más compatriotas debido a la situación en Chiapas. Hasta ahora, el Instituto Guatemalteco de Migración ha otorgado la permanencia humanitaria a 207 mexicanos, en su mayoría niños, niñas y adolescentes. Este permiso tiene una duración de 30 días, tras los cuales, los beneficiarios podrán solicitar el reconocimiento de estatus de refugiado.
El gobierno mexicano ha ofrecido facilitar el retorno al éxodo mexicano, ofreciéndoles el retorno voluntario en condiciones de seguridad y dignidad a México. Además, personal diplomático mexicano en dicho país ha propuesto trasladar a los migrantes a un centro para migrantes en Tapachula, como si fueran migrantes en su propia tierra.
El fenómeno de migración “México-Guatemala” es solo una muestra de cómo las dinámicas migratorias pueden cambiar en cualquier momento. Ante la crisis, el Estado mexicano, además de ofrecer el retorno de sus nacionales con promesas de seguridad y dignidad, debe implementar estrategias contundentes para abordar la crisis de inseguridad y la ausencia de estado de derecho en las regiones afectadas. La reciente reunión entre el próximo gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, y el próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, marca un punto de partida crucial. Ojalá se traduzca en acciones claras y el inicio de nuevas condiciones de seguridad para las comunidades chiapanecas afectadas en últimas fechas.
@EuniceRendon