Hoy, 8 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer. Su origen se remonta al año 1910, cuando se proclamó el “día de la mujer trabajadora” para promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Más de seis décadas después, una resolución de la ONU declaró al año 1975 como el “Año Internacional de la Mujer”, conmemorándolo por primera vez el 8 de marzo. A partir de entonces, el 8M reconoce la lucha de las mujeres para reivindicar sus derechos ante la desigualdad en la que viven frente a los hombres. Invita a reflexionar sobre los progresos alcanzados, al tiempo de avanzar en los desafíos aún pendientes. También, sirve para recordar las acciones valientes y determinadas de muchas mujeres que han jugado roles cruciales en la evolución de nuestros derechos.
Este año por primera vez en la historia de México se elegirá a una mujer Presidenta, lo cual tiene una importancia simbólica, pero al mismo tiempo plantea retos fundamentales. El hecho de que sea una mujer quien ocupe la presidencia no garantiza que su gobierno sea feminista, cabe esperar que el género no sea utilizado únicamente como una estrategia electoral, sino como una característica que ayude a disminuir la brecha que existe entre hombres y mujeres. La próxima Presidenta tendrá la responsabilidad histórica de avanzar la agenda de género como nunca se ha hecho, con acciones integrales, implementando presupuestos adecuados para atender muchos de los pendientes en la materia.
La desigualdad en la que viven las mujeres en nuestro país está definida por una serie de factores estructurales que es necesario modificar.
Diariamente son asesinadas 10 mujeres por el hecho de ser mujeres, 7 de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas y 4 de cada 10 son violentadas por su pareja o un familiar cercano. Como agravante, el 98% de los delitos de violencia de género quedan impunes. Es fundamental que el próximo gobierno avance en la prevención y atención de la violencia en contra las mujeres y las niñas, así como en el acompañamiento a las víctimas. Asimismo, que se garantice el acceso a una justicia expedita, sensible y con perspectiva de género, al tiempo de generar los mecanismos necesarios para reducir la impunidad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en México la participación de las mujeres en la economía remunerada es del 46%. De los países de América Latina, México es el tercer país con menor presencia de mujeres en puestos de mayor nivel jerárquico en el sector público. Asimismo, tiene una de las tasas más bajas de participación laboral de mujeres en la región. Ocupan 25% de las direcciones de áreas y solo 4%, una dirección general. La presencia de mujeres en consejos de administración en nuestro país es de 13%, lo que significa un 17% menos que el promedio mundial. Es urgente avanzar y trabajar en el empoderamiento integral de mujeres y las niñas, con políticas que desde edades tempranas les permitan romper estereotipos de género, facilitando y promoviendo su inclusión en todos los sectores y niveles de la actividad económica nacional. Las necesidades y dinámicas de vida familiar en nuestro país inciden en que las mujeres ocupen una parte considerable de su tiempo en actividades consideradas como no económicas. Su profesionalización e inclusión en el mercado laboral tiene el potencial de impulsar la economía del país.
Las brechas de género en el ingreso y el nivel de escolaridad se vuelven aún mayores en algunas intersecciones entre variables de interés. Tal es el caso de la población de mujeres indígenas, cuyo porcentaje de analfabetismo alcanza el 20% y debe enfrentarse a una triple discriminación, debido a su género, pobreza y condición de indígena. Se deben implementar estrategias y políticas que contribuyan al empoderamiento de todas las mujeres, considerando su diversidad.
Atender las causas estructurales tiene que ir más allá del discurso, requiere de políticas que aseguren la igualdad de oportunidades, la integración y la no discriminación de las mujeres, así como políticas diferenciadas que disminuyan la violencia en contra de mujeres y niñas. Será tarea de la próxima Presidenta atender esta agenda a la altura de las necesidades, con la trascendencia de ser la primera mujer que logra este cargo en nuestro país.
