En Ecuador, el presidente Noboa ha decretado un estado de excepción de 60 días con toque de queda, a causa de manifestaciones violentas inéditas por parte de grupos criminales en el país. Entre ellas, fugas y motines en prisiones, secuestros de policías, explosiones de coches, balaceras y la toma de rehenes durante la transmisión en vivo de un noticiero en televisión. Varios son los motivos que impulsaron estos hechos. Primero, el crecimiento, poder y alianzas de algunos grupos criminales en ese país con cárteles internacionales. Segundo, el reciente anuncio de medidas de seguridad, como reformas carcelarias que segmentan y aíslan a delincuentes peligrosos, penalización del consumo de drogas a pequeña escala y el uso de nuevas tecnologías en contra del narcotráfico. Y tercero, la causa inmediata, la fuga de prisión de El Fito, líder del grupo de los Choneros (vinculado al Cártel de Sinaloa).
En unas elecciones marcadas por el asesinato del candidato Villavicencio, ante sus propuestas de lucha frontal contra el narcotráfico, Noboa llegó a la presidencia en noviembre del 2023, con la promesa de combatir la corrupción y la inseguridad en Ecuador. Lo hizo derrotando a una candidata que representaba la continuidad de una serie de gobiernos que, al menos desde 2007, no consiguieron controlar la violencia. El último de ellos, de Guillermo Lasso, a pesar de múltiples estados de emergencia decretados entre 2021 y 2023, solamente vio crecer el crimen.
La posición geográfica de Ecuador lo convierte en un paso estratégico para el tráfico drogas desde Colombia y Perú hacia Europa y Estados Unidos, y su economía dolarizada facilita el lavado de dinero. Esto ha derivado en una mayor colaboración entre bandas locales y cárteles extranjeros, como el de Sinaloa o el CJNG y disputas por el control de las rutas del narcotráfico. La tasa de homicidios se incrementó de 5 por cada 100 mil habitantes en 2016 a 40 por cada 100 mil en 2023.
Nuestra región tiene retos importantes en materia de seguridad y migración. En ese contexto, han surgido políticas extremas de securitización, criminalización y violación a los derechos humanos que, como las implementadas por Bukele en El Salvador, buscan resultados inmediatos sin importar los medios. Su popularidad radica en el miedo, pero no atienden la raíz del problema. Urgen políticas integrales de seguridad que verdaderamente atiendan las profundas y múltiples causas de la inseguridad.
Los estados de excepción, como su nombre lo indica, son medidas extraordinarias para reestablecer el orden público en situaciones extremas, que conllevan la suspensión de algunos derechos ciudadanos. Dada la situación en Ecuador, estas medidas han sido bien recibidas por la comunidad internacional; sin embargo es muy importante que no se extiendan más allá de lo estrictamente necesario, pues la guerra contra el terrorismo y los estados de excepción han sido utilizados históricamente como como excusa para restringir libertades, vulnerar la privacidad y violar los derechos humanos de la población. Mediante un decreto, Noboa autoriza a las fuerzas armadas a “ejecutar operaciones militares para neutralizar” a los 22 grupos identificados como terroristas por el gobierno. No debemos olvidar que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporal, restringida, subordinada y complementaria a las fuerzas civiles, con regulación y control, como lo ha recalcado la CIDH.
La violencia se ha convertido en uno de los principales factores de empuje de la migración en nuestra región. De ahí que la situación en Ecuador vaticine el aumento aún mayor en el número de emigrantes, que ya en 2023 los convirtió en el segundo país con más presencia en México, solo después de Venezuela. Queda también en evidencia la necesidad de repensar los sistemas penitenciarios en nuestros países pues, lejos de contribuir a la reinserción, funcionan como fábricas de criminales en las que se originan gran parte de los delitos de extorsión y secuestro.
@EuniceRendón
