Mucho se ha hablado esta semana de nuevos abusos a los que son sometidos los migrantes en su tránsito a Estados Unidos. Lamentablemente, de unos años para acá ha existido una tendencia a la criminalización y una menor protección de los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad. Las políticas de securitización de las fronteras y el hecho que sean los cárteles y grupos del crimen organizado los traficantes de seres humanos, han hecho que los migrantes estén expuestos a nuevos y mayores riesgos.
El Instituto Nacional de Migración reveló que hay evidencia de casos de suministro obligatorio de sustancias y medicamentos a migrantes por parte de los traficantes como un recurso salvaje e inhumano para inhibir las necesidades básicas de hombres y mujeres en movilidad.
El uso de sustancias por parte de migrantes para aguantar extensas y complicadas rutas en condiciones precarias no es un hecho novedoso ni aislado; muchas veces las dificultades del camino, las experiencias traumáticas que han vivido y la tensión emocional a la que están sometidos, los exponen a un riesgo alto de abuso y adicción. Sin embargo, el hecho de hacerlo sin su consentimiento ni conocimiento, combinándolo con sus alimentos y bebidas tiene un impacto ético legal de gran envergadura.
Preocupa el creciente número de niños, e incluso bebés, a quienes los polleros han suministrado de manera forzada drogas sedantes. Algunas de las sustancias utilizadas son el Mondalfino y el Clonazepan, con efectos tranquilizantes. Con el uso de estos medicamentos, pretenden inducir el sueño profundo de los menores, de tal forma que atraviesen los retenes dormidos y sin hacer ruido. El uso de estos componentes facilita la labor de los traficantes para que los migrantes soporten las condiciones de hacinamiento, hambre, sed y frío sin volverse una carga mayor para ellos.
Igualmente, hay reportes de violaciones sistemáticas a los derechos básicos de migrantes que buscan atravesar el Río Grande. De acuerdo con información filtrada, en el contexto de la colocación de un muro de boyas en el Río Grande y el tendido de kilómetros de alambre de púas, agentes de la policía de Texas han estado empujando y repeliendo la entrada de menores de edad que intentan atravesar. Además, les han negado el agua a solicitantes de asilo, cuando las temperaturas superan los 42°C. Estas medidas han resultado en el ahogamiento y severos daños en la salud de los migrantes. El uso político de la migración, ha polarizado las posiciones de demócratas y republicanos en EU, lo que ha afectado a las personas en movilidad.
Los abusos en contra de indocumentados en Estados Unidos apuntan a una deshumanización de esta categoría de personas. No hace mucho se denunció un elevado número de histerectomías en un centro de detención migrante en Estados Unidos, donde a varias mujeres hispanohablantes se les removió parcial o totalmente el útero, sin que estuvieran al tanto del procedimiento que les estaban realizando. Si bien estos abusos salieron a la luz durante el gobierno de Trump, ha continuado la falta de rendición de cuentas con Biden. Los hechos denunciados son violatorios de la dignidad y la libertad reproductiva de las migrantes.
Ya sea que se trate de una negligencia médica o de un acto deliberado de esterilización, la falta sistemática de consentimiento informado plantea graves problemas éticos y legales que no debemos perder de vista. Las prácticas violatorias forzadas cobran una dimensión de abuso inédita. Hoy en día las personas en movilidad están en un nivel de vulnerabilidad en la que tienen que defenderse de los traficantes, criminales, autoridades y hasta de ciudadanos comunes. El panorama empeora tanto en sus lugares de origen, como en el tránsito y cuando llegan a la frontera con Estados Unidos. Esta dinámica irracional no puede continuar, la naturalización de la violencia y la violación sistemática de sus derechos humanos nos está llevando a la deshumanización y esto tiene que parar.