Se cumplió un año de la tragedia en la que perdieron la vida 40 migrantes y otros 27 resultaron heridos en una estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez. A raíz del caso, salieron a la luz una serie de irregularidades, lo que derivó en investigaciones por parte de las autoridades competentes y un informe de la CNDH.
El informe señala que ninguna de las estaciones migratorias en México cumplía con los requisitos necesarios para su funcionamiento, particularmente por su infraestructura carcelaria, el hacinamiento y la inadecuada atención médica y jurídica para los migrantes. Señalan la necesidad de un cambio de fondo en las estaciones, para transitar del modelo “carcelario” que refuerza la estrategia de securitización, hacia uno más humanista e integral, que no criminalice a las personas en movilidad y que garantice sus derechos y dignidad. Sin embargo, los resultados de dicho informe tardaron cerca de 7 meses en ser publicados, por lo que es necesario que pronto vuelvan a evaluar con el estatus actual y los cambios reportados por el gobierno en los meses subsecuentes al incendio.
El INM informó que trabaja en la mejora de los espacios de alojamiento para migrantes. Han retirado rejas, candados y cerraduras, además de la instalación de detectores de humo, extintores, puertas de emergencia e infraestructura en áreas estratégicas para la atención. También, en conjunto con la SRE, se informó sobre la elaboración de una nueva estrategia de movilidad más integral y humana mediante los Centros Multiservicios para la Movilidad Humana. Desde Agenda Migrante, a través del proyecto MigrARTE, hemos colaborado en la transformación de espacios clave dentro de 5 estaciones, de la mano de personas en movilidad, para ofrecer un ambiente más acogedor, digno y armónico. También, hemos participado en el desarrollo de 7 protocolos de atención para la operación y cuidado de las estaciones, realizados en coordinación con la Cruz Roja Internacional y expertos.
El balance, a un año de los hechos, es controvertible. Pocos días después de la tragedia, la FGR señaló como culpables a funcionarios, vigilantes privados y a migrantes ante los medios. Sin embargo, hoy, después de revelarse numerosas omisiones e irregularidades, las carpetas de investigación siguen abiertas, hay personas detenidas y otras prófugas, y no tenemos ninguna sentencia.
A lo anterior se suma la desatención de la CEAV, pues pasado un año aún no se da una reparación integral del daño a las víctimas. Continúan pendientes las indemnizaciones a familias de 11 de los 40 migrantes fallecidos, así como a los 27 que resultaron heridos. Nada se ha mencionado sobre brindar atención emocional para las familias que tuvieron una trágica pérdida o para los sobrevivientes. La reparación integral del daño conlleva, además, la rehabilitación y la construcción de un memorial para las víctimas, así como medidas que garanticen la no repetición.
A 6 meses de que concluya este sexenio y a 1 año de la tragedia, México ha comenzado a implementar medidas empujadas por la presión estadounidense de que le sirvamos de muro de contención y control migratorio. Recientemente firmó acuerdos para retornar a los nacionales de Venezuela, Colombia y Ecuador a sus países de origen bajo un esquema de prácticas laborales y apoyo de 660 dólares en 6 meses. Aunque es una medida que puede apoyar a migrantes económicos y aquellos que son retornados, no puede ser permanente. Además, se requiere de la cooperación económica de Estados Unidos, el compromiso de los mandatarios de los países de origen para trabajar en las causas y entender que muchos migrantes no pueden volver ya que corren el riesgo a perder la vida en sus países.
Todavía quedan muchas tareas pendientes por resolver. 33 de los 54 centros migratorios permanecen suspendidos. Además, el contexto regional y la postura errática del gobierno estadounidense en materia migratoria demandan respuestas más claras y contundentes de nuestra parte. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB, en 2023 la migración irregular superó las 782 mil personas, lo que coincide con el crecimiento inédito en el flujo de personas provenientes de Venezuela, Ecuador, Haití y Cuba, además de los países históricamente expulsores en Centroamérica. El gobierno de México tiene la responsabilidad de hacer una mirada crítica hacia atrás, para poder ofrecer un futuro más seguro para los migrantes que están en nuestro territorio.