Recorrer las calles y el tianguis de Tepito un domingo por la tarde significa transitar por el bar más grande y poblado de la urbe. Con todo y pandemia, cientos de puestos callejeros conocidos como chelerías de diversos tamaños y con amplia oferta, se instalan para vender sus productos alcohólicos a lo largo y ancho de la colonia Morelos.
La presencia de este tipo de negocio no es exclusiva de esta zona, se da en múltiples delegaciones y sitios de la Ciudad de México y del país. Tampoco es nueva. Sin embargo, vale la pena mencionar la proliferación que en el último año se ha visto de estos puestos callejeros. Cada dos metros existe un punto dedicado a la venta y consumo de alcohol. Desde las 11:00 am hasta las 6 o 7pm, horario en el que empiezan los rondines de la policía con previo aviso a los comerciantes. Algunas marcas de la industria cervecera han hecho de este un nicho importante de negocio, haciendo llegar el producto en motocicletas directo al lugar y/o a almacenes o patios aledaños. Gomichelas, Frutichelas, Micheladas, Cahuamoles, Mojitos, Azulitos, Rojitos y Vampiros desde medio litro hasta los tres litros se vende a un bajo costo que oscila entre los 25 y 50 pesos, sin cumplir con ninguna regulación y en plena vía pública.
Diversas son las preocupaciones que estas dinámicas detonan. La más importante, que muchos de los productos que se ofrecen están diseñados para menores de edad, combinando colorantes vistosos, dulces de gominola y azúcares que contrarrestan el sabor del alcohol y los hacen más accesibles, atractivos y dañinos para las niñas y los niños.
Normalizar el consumo de alcohol a temprana edad puede producir dependencia y fomenta los eventos de consumo episódico, limitando el desarrollo físico y mental de los menores en plena etapa de crecimiento. El cerebro adolescente es más vulnerable a los efectos tóxicos del alcohol. Está bien documentado cómo el consumo o abuso de esa sustancia en esta etapa de la vida (en que su desarrollo académico y permanencia en la escuela es vital), impide una maduración adecuada de los centros cerebrales responsables de las emociones, toma de decisiones, control de impulsos, aprendizaje y la memoria. También, incrementa el gasto público en salud derivado del número de adolescentes que ingresan a hospitales por eventos relacionados con el consumo de alcohol y enfermedades como la diabetes juvenil.
La falta de regulación de este tipo de negocios, además de violar la ley, representa un riesgo de salubridad importante al no poder determinar si las bebidas que se ofrecen han sufrido algún tipo de adulteración y si cumplen con los requisitos de seguridad sanitaria necesarios. Esto, sin mencionar algunos de los efectos colaterales, como la contaminación ambiental generada por la abundante basura que tapiza las calles al término de la jornada o las riñas y eventos violentos que se dan habitualmente tras el consumo excesivo.
Las acciones para enfrentar este problema son escasas. Se han presentado iniciativas, como la de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en noviembre de 2016, para que las autoridades locales refuercen las visitas de verificación, medidas de seguridad y sanciones a estos locales. Sin embargo, nada, salvo el aumento de estos negocios, ha sucedido.
La problemática demanda una estrategia de solución multisectorial con voluntad política para abordar el tema y realizar las reformas y acciones necesarias en materia de salud, impuestos, publicidad, fiscalización, así como incorporar medidas que incidan tanto en la perspectiva de la oferta como en la demanda, reforzando la supervisión y sanción de este tipo de establecimientos y hacer cumplir la prohibición de venta a menores de edad. Acotar la exposición física y mediática del alcohol en este grupo etario es urgente.
Se requieren acciones y campañas efectivas de prevención que permitan alertar a las familias y a los menores sobre los riesgos que el consumo temprano conlleva. En materia fiscal, debemos transitar a un impuesto ad quantum,basado en el contenido alcohólico de las bebidas. El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a la cerveza y a las bebidas alcohólicas actualmente, ad valorem, se calcula con base en el precio de venta. Además de no contribuir con una recaudación fiscal eficaz, tampoco ha logrado el propósito de desincentivar el consumo explosivo de alcohol ni de reducir su uso entre la población económicamente más vulnerable, como los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y aquellos con mayor dependencia a estas sustancias y personas con menores recursos.
Actuar es tarea de todos: legisladores, implementadores de política pública, sociedad e industria debemos coincidir y trabajar para hacer valer el interés superior de la niñez sobre cualquier otro.
Eunice Rendón (PhD) consultora internacional y experta en prevención de la violencia y el delito y bioética.
Raúl Martín del Campo experto en prevención y atención de las adicciones, miembro de la JIFE de la ONU y del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente.
