La imagen impresiona: personas sentadas delante de carteles con las caras de los expresidentes. “Firma aquí”, dicen los letreros, “para enjuiciarlos”. Aglomerados en parques, en avenidas, en lugares de concentración pública –en medio de la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años, cabe agregar–, hay gente que con sonrisa abierta recaba firmas para poner a consulta los derechos de las personas.
No hay figuras que causen mayor animadversión, en un país como el nuestro, que los expresidentes. En un México con la mitad de la población sumida en pobreza –y con toda certidumbre más en los próximos años debido a la pandemia y su mal manejo–, en un México de desigualdad impresionante, claro que la gente quiere ver que los poderosos caigan de sus perchas. La gente quiere verlos, incluso, tras las rejas.
No por nada se repite día tras día en el espectáculo matutino la imagen del suntuoso avión presidencial, y por eso ha sido harto útil. Sirve para recordarle al mexicano común y corriente lo lejos que se encuentra de la opulencia de quien lo gobernaba, y quien vivía del dinero de sus impuestos.
La sed de castigo se entiende. Y no sólo por la desigualdad, sino por la impunidad del sistema. La cifra negra de delitos que no se denuncian es astronómica; la cifra de delitos que se denuncian y no son castigados también genera desesperanza.
Quizás si se hace un escarmiento público, con los presidentes como ejemplo, esa sed se sacie.
Pero una cosa es justicia y otra cosa es venganza. La pregunta que el presidente y el gobierno buscan hacer a la población es a todas luces inconstitucional. Eso lo saben muchas personas, e incluso lo debe saber el presidente, si es que su consejero jurídico ha tenido a bien informárselo. Someter a consulta la impartición de justicia atenta contra los fundamentos del Estado de derecho. Ya no se decide conforme a hechos. Se decide conforme a sentimientos.
Por eso ha sido tan hábil el presidente: porque ha logrado envolver la persecución de sus antepasados en algo que simula ser democracia participativa. No falta la cantaleta de quienes ven en esto el nacimiento de un país justo, donde los más poderosos rinden cuentas. Pero no quieren ver, o su abyección es tal, que la puerta que se abre lleva a un cuarto muy oscuro.
Hoy se busca a enjuiciar a los expresidentes, sin saber por qué o si en efecto cometieron algún delito –para eso debería de abrirse una investigación en la Fiscalía General de la República–, pero mañana pueden someterse a consulta los derechos. Nada lo detiene. El aborto, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la nacionalidad de las personas, todo eso se puede preguntar, porque cualquier cosa puede someterse a juicio de la masa si un gobierno así se lo propone. Incluso si otro de los tres poderes determina que eso atenta contra la Constitución.
Porque nada detiene estas consultas: si los ministros de la Suprema Corte dicen que la pregunta es inconstitucional el presidente y sus huestes no los bajarán de corruptos. El ataque no sería nuevo: ya a principios de sexenio hubo un plantón en la puerta de la sede de la SCJN.
El poder judicial será vilipendiado por hacer cumplir la ley. Hacia ese absurdo transitamos.
Y la consulta avanzará de cualquier manera: así como las preguntas sin aval jurídico que se realizaron sobre el aeropuerto de Texcoco, o sobre el plan de gobierno de esta administración; nada impedirá que se organice un ejercicio paralelo a la ley. Al contrario, incluso ganará más adeptos: el sistema no se quiere juzgar a sí mismo, juzguémoslo nosotros. Al diablo con sus constituciones.
No es poca cosa lo que está sucediendo. Lo que inició como un truco retórico –¿quién habla en estos días de los más de 70,000 muertos por covid?– se ha convertido en plataforma de campaña para llenar de encono a los votantes que el próximo año acudirán a las urnas.
Se está jugando con el odio nacional. Y perder su control no es nada difícil.
Mientras tanto, en México se derrumba el poco Estado de derecho que se ha construido. Todo por el rédito que le genera al gobierno actual el enojo de la gente.
Por eso vemos personas que con sonrisas recolectan firmas para enjuiciar a ciudadanos del país, para sustituir el derecho por firmas. Porque el presidente les atiza sus peores impulsos.
Tal vez no reparen en que un día puedan ser ellos quienes estén sujetos a la ira de la plaza pública, con los medios que ellos mismos impulsaron con tal de saciar su sed de venganza.