La construcción de vivienda de costo accesible para la mayoría de la población ha sido un objetivo malogrado, pospuesto. Recordemos que el 24 de abril de 1972, durante la administración del presidente Luis Echevería, se promulga la ley que crea el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para dar cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores, establecido en la Constitución de 1917.
Veinte años después, en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se reformó esa ley estableciendo entre otras cosas, que el Instituto dejaría de construir para sólo dedicarse a la administración del fondo de vivienda y a la colocación de créditos.
La reforma de 1992, muy a tono con el modelo económico neoliberal en boga impuesto al país por la administración salinista (y luego profundizado por las cuatro subsecuentes) que promovería el desarrollo capitalista y la libertad de mercado, formó parte de la reingeniería del Estado mexicano que entonces se emprendió a fin de reducirlo a su mínima expresión a cambio de volverlo “más eficiente”. Como lo aseguraba el tal modelo, la autorregulación de los mercados era un hecho y llevaría consecuentemente a un gran desarrollo económico y armónico en beneficio de toda la nación.
Como hoy sabemos, esto no fue así.
En materia de vivienda, el experimento neoliberal pauperizó la condición de decenas de miles de personas. Para los deudores del Infonavit, una enorme cantidad de créditos se tornaron imposibles de pagar por los esquemas de financiamiento aplicados gracias a la reforma de 1992. Además, el abandono de unidades de vivienda se volvió enorme, no sólo por ser impagables, sino por estar ubicadas muy distantes a los centros de trabajo además de sus minúsculas dimensiones.
Ante esta realidad, la Cuarta Transformación decidió atender esta problemática, primero con la reforma Constitucional al artículo 123 y ahora, a través de la iniciativa de Decreto que nuestra Presidenta turnó al Senado para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Infonavit, así como de la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con orientación social.
Con estas reformas, se le devuelve al Instituto su sentido social, deja de ser simplemente una caja de dinero destinado a financiar proyectos especulativos, orientándolo hacia un fin nacional, colectivo, que es el de abatir el deficit de vivienda y poner en el centro de la política nacional a las y los trabajadores de menores ingresos.
El mecanismo propuesto consiste en la construcción directa de vivienda de bajo costo, más no de baja calidad, pues establece estándares de vivienda digna y decorosa para las y los trabajadores que menos ganan (1 y 2 SMG) y que difícilmente accederían a un crédito ordinario. Incluye a las mujeres jefas de familia y a las y los jóvenes, que incluso ahora podrán acceder a la vivienda a través de arrendamiento social.
El decreto en materia de vivienda con orientación social, fue aprobado por el Senado el pasado día 13. Es parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, presentado el 9 de este mes por la Presidenta y plantea una meta sexenal de construcción de un millón de viviendas, entre otras acciones.
Consejera jurídica de la Presidencia