Desde su campaña a la Presidencia de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum propuso que su administración sería conducida con estricto apego a la política de austeridad republicana a fin de terminar con lujos, gastos superfluos, duplicidad de funciones, despilfarro de los bienes y recursos nacionales para destinar los ahorros al combate a la desigualdad social, al desarrollo y la construcción de un México justo, pacífico, libre, solidario, democrático y próspero.
Es por esto que la reforma constitucional presentada en febrero pasado por el expresidente López Obrador e impulsada decididamente por nuestra presidenta, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución en materia de simplificación orgánica y elimina diversos organismos autónomos transfiriendo sus funciones a dependencias del Gobierno. Esta propuesta fue aprobada por el Senado la semana pasada, con 86 votos a favor y 40 en contra.
Con este Decreto, los organismos autónomos y reguladores que se extinguen son: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) creado el 11 de junio de 2002 , la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) el 24 de diciembre de 1992, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el 10 de septiembre de 2013, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval) en agosto de 2005, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 4 de octubre de 1993, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) el 28 de noviembre de 2008, y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) el 1 de octubre de 2019.
Estos organismos autónomos consustanciales al modelo neoliberal, se crearon con el fin de “eficientar” las actividades del servicio público, “evitar duplicidades” y “maximizar” el uso de recursos, cuando en realidad tenían la principal intención de debilitar al gobierno en relación con los intereses privados.
Pero, al paso del tiempo mostraron ser instituciones onerosas, ineficientes, integradas por burocracias doradas y que por regla general, emitían resoluciones a favor de actores privados en perjuicio de las instituciones públicas y de la capacidad de estas para garantizar el interés general.
Por poner un ejemplo, la Cofece. Se trataba de un órgano autónomo que se encargaba supuestamente de vigilar, promover y garantizar las condiciones de libre competencia y cuyo objetivo era asegurar que las empresas compitieran entre sí, lo que resultaría en una mayor variedad, mejor calidad y precios más competitivos en bienes y servicios.
En realidad, este organismo autónomo, el primero creado en el régimen neoliberal, actuó constantemente de forma parcial protegiendo a los grandes intereses económicos del país y a transnacionales, fortaleciendo sus posiciones monopólicas en el mercado. Era parte de un sistema armado ex profeso para proteger la extración de rentas y capital a comunidades incautas y al gobierno, manteniendo a la vez intacta la estructura de poder que le dio origen.
El Decreto de Simplificación Orgánica, ahora permite al gobierno federal cumplir con eficiencia y austeridad en la protección de los derechos sociales colectivos y con el interés general.
Consejera jurídica de la Presidencia
