LLas actuales circunstancias, heredadas de los gobiernos neoliberales y los retos inmediatos, hacen imperativo el debate para dotarnos de instituciones de seguridad y justicia al servicio de todas y todos, pues el actual método de elección de los miembros del poder judicial responde a reglas poco democráticas dictadas por aquellos gobiernos. La discusión respecto al procedimiento para que la elección de los ministros sea a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, adquiere hoy la mayor pertinencia.
La semana pasada recordé cómo las Constituciones mexicanas de 1824, 1857 y la de 1917, en su texto original, preveían el procedimiento para la integración de los Ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se realizaba mediante elecciones, ya sea por las legislaturas locales o por los integrantes de la Cámara de Diputados que en mayor o menor medida representan la voluntad popular. También mencioné la diferencia que existe con el procedimiento actual, establecido en la última reforma al artículo 96 constitucional y cómo este último, es menos democrático que los de antes.
Si bien es de reconocerse que se ha trabajado por la independencia e imparcialidad de los jueces para lograr una judicatura competente, lo cierto es que, incluso en el Proyecto de Reformas con y para el Poder Judicial de la Federación, derivado de los trabajos conjuntos entre los tres Poderes de la Unión, publicado en febrero de 2020, se señala que Los cargos que deberían ocuparse por méritos, se otorgan a familiares y amigos en un afán por exprimir los recursos públicos antes que servir a la justicia. El sistema de carrera judicial no ha sido exitoso para asegurar que quienes lleguen a ser juzgadores sean las personas más honestas y mejor preparadas. Tampoco se ha podido desterrar la corrupción, sino que, por el contrario, la endogamia y el amiguismo han producido redes clientelares muy arraigadas, en las que se trafica con plazas, se intercambian favores, o peor aún se pone precio a la justicia[1].
La desconfianza en las y los jueces, también toca al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es determinante en la vida democrática de nuestro país.
Por lo anterior, desde el año 2015, siendo Diputada Federal en la LXIII Legislatura presenté tres iniciativas de Ley, dos para reformar la Constitución y una para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Planteé que el Presidente de la República, el Consejo de la Judicatura Federal, las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil, propondrían candidatas y candidatos para integrar la Suprema Corte y el Tribunal Electoral; se garantizaría la equidad de género y no podrían pertenecer a partido político alguno. Después, el Senado haría una preselección y la lista se remitiría al Instituto Nacional Electoral (INE) para que organizara la elección.
Abonar a un México más democrático, seguro e incluyente pasa por establecer procedimientos de elección para que quienes integren el poder judicial cuenten con legitimidad, independencia, honorabilidad e imparcialidad.
[1] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_transarencia/documento/2020-02/Reforma-Judicial-PJF.pdf
