Después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado martes 5 de noviembre, cuando una supuesta mayoría de ministros intentaría desestimar las acciones de inconstitucionalidad creando así una inédita y, de principio, ilegal ruptura que invalidaría partes de la reforma al Poder Judicial promulgada el pasado 15 de septiembre, al no poder reunir los ocho votos necesarios de 11, la SCJN terminó por desechar el sofísticado proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá. Es importante decir que al voto en contra de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, se sumó el voto en contra del ministro Alberto Pérez Dayán rompiendo con ello el bloque mayoritario.

Con este desenlace terminó un largo y vergonzoso episodio emprendido por ocho de las y los actuales ministros cuyo mandato debe ser hacer valer la Constitución Mexicana.

Por tanto y sin pérdida de tiempo, llega ahora el momento de poner la mirada en lo que sigue; lo primero es que los Comités de Evaluación, recientemente integrados por cada uno de los Poderes, reciban las solicitudes de las personas que quieran participar en la elección para ser Ministras, Ministros, Magistradas, Magistrados y Jueces.

En lo que corresponde a los amparos en contra de la reforma, tramitados ante diversos juzgados de distrito, deberán ser declarados improcedentes, conforme a la reciente reforma constitucional que señala la improcedencia de dichos medios de control constitucional que tengan por objeto impugnar reformas o adiciones a la Constitución.

Por su parte, el INE debe continuar con los trabajos para realizar todos los actos necesarios a fin de garantizar que se lleve a cabo la elección, en los términos que marca la reforma constitucional.

Al mismo tiempo, las entidades federativas deberán realizar las correspondientes adecuaciones normativas a sus constituciones locales y leyes secundarias, para la elección de personas juzgadoras locales.

Es oportuno decir que todos los puntos anteriores son los que se proponía invalidar la SCJN mediante su mayoría de “ocho” ministros que, gracias a la razón y al sentido común, al final fueron siete ya que el ministro Pérez Dayán asumió ponerse del lado de la ley.

Entonces, al no suceder invalidación alguna, se confirman; es decir, se reafirman válidos e intocables, por tanto, lo que sigue es dar cumplimiento a la Constitución en sus términos y concluir la modificación del marco normativo y demás acciones derivadas de la reforma que fue instruida en los artículos transitorios del Decreto del 15 de septiembre 2024.

Todo el proceso para lograr la reforma al Poder Judicial, desde su propuesta hasta su promulgación, ha sido un triunfo de la razón y el derecho, pues todos los requisitos constitucionales se cumplieron escrupulosamente.

Ahora, toca a todas y todos participar para que el Poder Judicial se transforme y llegue a ser verdaderamente justo.

Las y los invito encarecidamente a que difundamos la convocatoria. A los jóvenes licenciados en derecho, los convoca la Patria.

A quienes han soñado ser juez o jueza, magistrada o magistrado, ministra o ministros llegó la hora de inscribirse y hacer Historia.

Consejera jurídica de la Presidencia

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