Al ocupar mi encargo y en acuerdo con la Comisión Técnica para la Transición, que fue nombrada por el Congreso, una de mis primeras acciones fue realizar un diagnóstico de la situación en la que se encontraba la Institución. Si bien encontramos muchas áreas de oportunidad que hemos ido subsanando a través de una reingeniería institucional, capacitación y certificación del personal, incorporación de tecnología a la investigación, entre otras, esto solo era una parte de lo que había que hacer para volver más eficientes nuestros procesos para mejorar la atención a las víctimas.
En resumen, no había una política institucional de atención a víctimas, cada área hacía lo que podía, sin protocolos haciendo de la revictimización una costumbre.
Poner a la víctima al centro ha tenido una gran complejidad, particularmente por la falta de comprensión del papel que tiene la víctima durante todas las etapas del proceso en el sistema de justicia penal acusatorio.
La mala atención a las víctimas es una problemática multifactorial, aunado a lo dicho en párrafos anteriores, se suma, quizá de manera más determinante, la falta de herramientas, que la institución ha proporcionado a las personas servidoras públicas. Entender y procurar herramientas de autocuidado a la salud mental laboral es un imperativo, por ello implementé el Programa de Salud Mental Laboral con un Centro de Atención que llamamos CAISMeL, que en otro espacio abundaré sobre el tema.
Este programa es sólo una parte de la Política Institucional de Atención a Víctimas que estamos poniendo en marcha y se compone de cuatro elementos: el Modelo de Atención Integral a Víctimas, la Certificación del personal en trato digno a víctimas en la procuración de justicia, los Centros de Atención Multidisciplinarios de Atención a Víctimas y el Programa de Salud Mental Laboral, los cuatro con sus respectivos indicadores de evaluación, protocolos de actuación y supervisión.
La implementación y conducción de esta política dio inicio en 2019 con las primeras acciones del Programa de Salud Mental Laboral; a ello siguió la primera etapa de implementación del Modelo de Atención Integral a Víctimas, como una herramienta que lleva de la mano al personal a tomar las decisiones adecuadas a las circunstancias que enfrenta en su trabajo cotidiano.
Ahora nos encontramos en el proceso de Certificación del 100% de nuestro personal pericial en trato digno en la procuración de justicia, seguirán el personal ministerial y policial.
De ser reelecta, terminaremos de establecer los indicadores de supervisión y evaluación, los protocolos de actuación, los manuales, lineamientos y directrices que hagan realidad que cada una de las personas que trabajamos en la Fiscalía cuente con las herramientas suficientes para dar una atención profesional, empática, eficiente y de calidad con enfoques transversales de perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.
Es un compromiso inquebrantable mejorar la atención a las víctimas y mejorar la calidad de la Justicia, es una prioridad.
