En la Ciudad de México contamos con la Ley de Participación Ciudadana que garantiza mecanismos claros para que todas y todos podamos participar en decisiones de la vida pública. Asimismo, contamos con instrumentos de Gestión, Evaluación y Control de la Función Pública.
La participación ciudadana es resultado de la lucha democrática en el país. En la Ciudad de México, nos hemos procurado una ley específica y un sistema robusto que ha permitido el ejercicio de la participación ciudadana en todos los asuntos de la vida pública con el aval de la Asamblea Legislativa y posteriormente del Congreso de la Ciudad de México. Por ello podemos decir que propiciar que las y los ciudadanos se expresen y participen en los asuntos públicos, ha sido un consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de nuestra Ciudad.
Esto es empoderar a las personas y devolverles la responsabilidad de tomar decisiones; no quedarse al margen de la actividad de gobierno y manifestar su acuerdo o desacuerdo con las decisiones, incluso, de sus representantes populares.
En este mismo sentido es que la Asamblea Constituyente, encargada de redactar la Constitución Política de la Ciudad de México, estableció que, para la elección o ratificación de la persona titular de la Fiscalía, habría un proceso en el que la participación ciudadana sería fundamental.
Así la elección o ratificación solo puede darse a propuesta de un Consejo Judicial Ciudadano (CJC) electo por mayoría del Congreso, que debe realizar la evaluación de desempeño de quien aspira a la ratificación o titularidad. Esta evaluación, a mi manera de entender, debe ser una verdadera rendición de cuentas en la que se ponga a disposición de este Consejo toda la información que les permita cumplir con los objetivos de la evaluación.
Otro factor de toma de decisión para el CJC es el resultado del escrutinio público, producto de una consulta ciudadana en la que se recibieron 29,923 cartas de opinión y recomendaciones, de las cuales 29,765, fueron a favor y 158 en contra. Esto expresa el gran interés de la ciudadanía por participar en los asuntos de la ciudad y, en este caso, en materia de procuración de justicia.
Para mí es un orgullo lo manifestado por mujeres y hombres, asociaciones, colectivas y ciudadanía en general, en el proceso de ratificación del que soy objeto.
Esto es vivir la democracia, expresarnos, escucharnos y reconocer el peso que tienen sus opiniones.
El proceso sigue: el Jefe de Gobierno recibió la opinión favorable de parte del Consejo Judicial Ciudadano, él a su vez ya entregó al Congreso su opinión, también a favor de mi ratificación. Ahora toca a las y los diputados emitir la última opinión, para ello deberán tomar en cuenta los resultados de cada uno de los pasos previos ya mencionados: opinión del CJC, del Consejo Ciudadano de la Fiscalía y del Jefe de Gobierno así como el resultado de la consulta pública.
Me siento orgullosa de participar en este ejercicio que hemos construido en nuestra Ciudad, el más democrático del país.
Bienvenida la participación ciudadana en los asuntos públicos, su contribución da fortaleza al quehacer público y nos compromete a continuar mejorando nuestra actuación.
