Es bien sabido que la democracia es el sistema de gobierno que mejor promueve la participación activa de las y los ciudadanos en los procesos de configuración del poder público a la vez que estimula el respeto a los derechos humanos, fomenta el desarrollo económico, incentiva la estabilidad política y genera las condiciones para que la sociedad alcance condiciones de equidad.
Pero, por supuesto, la democracia no es un sistema perfecto, sin embargo es uno preferible al autoritarismo, el elitismo, o la designación opaca y discrecional por el simple principio de la participación colectiva en la toma de decisiones públicas.
Contrariamente a lo anterior, en nuestro país el Poder Judicial se alienó de los mecanismos democráticos con el pretexto de que la alta especialización de su función lo volvía un mundo aparte, incomprensible para todas las personas que no pertenecieran a la judicatura. Al sentirse inamovibles e intocables en sus cargos, paulatinamente la capacidad técnica y jurídica de muchas personas juzgadoras pasó a segundo término. Además, la merma en la eficacia y eficiencia en la resolución de los asuntos hizo que la justicia se volviera lenta y costosa, dejando mucho que desear y apartando a la ciudadanía de la impartición de justicia esperada.
Por tanto, para una verdadera consolidación de los anhelos del movimiento de la Cuarta Transformación, respaldado en las urnas por el pueblo mexicano, resulta impostergable que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, incluida la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación velen por el interés y el orden público, y no por el interés individual y de los grupos de poder en perjuicio de la colectividad. Es necesario, pues, que las personas integrantes del Poder Judicial sean responsables de sus decisiones de cara a la sociedad, además de que sean sensibles a las dinámicas y problemáticas sociales, representando la pluralidad cultural, social e ideológica de la nación.
El Poder Judicial, como integrante del Supremo Poder de la Unión, también es depositario de la soberanía del pueblo, y por tanto también está sujeto a los estándares de la democracia como gobierno constantemente renovado del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Si el Poder Judicial tiene como función controlar la constitucionalidad de los actos de los otros poderes entonces no puede carecer de fundamento democrático. De otra forma, como ya lo estamos viendo, una pequeña facción de personas que no sirven a los intereses votados democráticamente por el pueblo pueden bloquear o entorpecer las decisiones de los poderes que sí son elegidos por el pueblo.
La renovación de los Poderes la Unión, siendo un ejercicio de soberanía, de democracia y de voluntad popular, no puede excluir al Poder Judicial.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales busca dar el necesario andamiaje jurídico al ejercicio democrático de la soberanía en la organización de las elecciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial por voto universal, libre, secreto, directo. La renovación periódica de las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial de la Federación era una deuda histórica con la democracia mexicana y su consolidación.
Consejera jurídica de la Presidencia
