La utilización abusiva e ilegal de instancias judiciales nacionales e internacionales contra gobiernos legítimamente constituidos es una táctica conocida en inglés como Lawfare, que traducido al español significa algo como “guerra jurídica” o “acoso judicial”.
Por desgacia, su uso nefasto ha sido una constante en nuestra América Latina del Siglo XXI, pues detrás de ello y con el apoyo más o menos visible de intereses transnacionales, siempre está una parte de la derecha autoritaria local que suele jugar a la política sin la intención de respetar las reglas democráticas, no obstante exigir a sus adversarios, con evidente hipocresía, que lo hagan.
La inercia antidemocrática de esa derecha golpista se mostró en Ecuador contra el presidente Rafael Correa, en Argentina contra la presidenta Cristina Fernández, en Brasil contra el presidente Lula Da Silva, en Bolivia contra el presidente Evo Morales y en Perú contra el presidente Pedro Castillo quienes enfrentaron amañados recursos jurídicos que los sacaron a la mala del poder legítimo o de competir por él. Estos actos se conocen como “golpes blandos”.
En un golpe blando, el “acoso judicial” se hace con la abierta colaboración de ese Poder y permite “aspirar” a detener indebidamente a los adversarios políticos o debilitar y hasta deponer a un gobierno legítimamente constituido. Es una forma de acceso al poder político o a la imposición de intereses particulares a la sociedad, carente de ética y escrúpulos donde se invierten grandes cantidades de dinero en campañas para la divulgación de medias verdades o francas mentiras diseñadas para manipular y exacerbar las divisiones internas de las sociedades, con la interesada confluencia de medios tradicionales de comunicación y en redes sociales.
Uno de los primeros ejemplos de lawfare o acoso judicial en México fue en 2004, cuando el expresidente Fox trató de defenestrar a Andrés Manuel López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del DF, bajo un falso desacato a un amparo. No obstante, la evidencia mostró que no lo hubo y el juez que se prestó al golpe, una década después, resultó sancionado por corrupto. De AMLO, conocemos la historia.
Extrapolando el asunto, vuelvo al tema de la grosera actuación de la jueza Nancy Juárez del Juzgado Decimonoveno de Distrito en Coatzacoalcos, Ver., cuya acción se encuadra bajo el concepto de “acoso judicial”.
Al pretender suspender los efectos jurídicos de la promulgación y publicación de una reforma constitucional legítimamente aprobada por el Congreso de la Unión, con la amenaza de una fantasiosa orden de detención a la presidenta de México, y sin competencia en el caso, se nota la intención de sumar su acto a la campaña orquestada desde la SCJN en contra de la reforma.
Así, las bajezas leguleyas aceptadas de manera dolosamente ilegal, intentando “construir” un caso de revisionismo constitucional sin legitimidad, apuntalándolo con interpretaciones absurdas y solapando un “paro con goce de sueldo” de sus trabajadores, son un claro intento de la mayoría de los ministros del poder judicial por asestar un golpe blando contra el Poder legitimado el pasado 2 de junio, cuando casi el 60% de la votación total, se pronunció en favor de reformar al poder judicial.
Consejera jurídica de la Presidencia
