Ante la declaración realizada por el embajador de Estados Unidos en nuestro país, el señor Ken Salazar, el pasado 22 de agosto en torno a que “la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México”, no puedo dejar de hacer notar la ironía hipócrita del pronunciamiento, toda vez que en Estados Unidos, como lo declaró nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum, en 43 de los 50 estados se eligen a los jueces por voto popular; (de hecho el señor Salazar fue Fiscal General de Colorado por voto popular). Y en específico, en lo que atañe a la democracia, que al parecer tanto les preocupa imponer a otros países a nuestros vecinos del norte, la mayoría calificada que hará posible la Reforma al Poder Judicial es resultado de la elección democrática del 2 de junio con la que nuestro movimiento fue reafirmado.
No deja de resultar curioso que la injerencista declaración del funcionario estadounidense, contrasta con lo que él mismo expresó el 13 de junio pasado cuando dijo: “No es nuestra decisión. Nosotros, los Estados Unidos, no podemos imponer nuestras opiniones en esos temas”; “nosotros estamos interesados porque queremos que al final tengan un Poder Judicial que trabaje bien”; “sin un Poder Judicial fuerte no podremos avanzar en muchos temas”.
Hay que hacer notar que a medida que se acercan el inicio de la próxima legislatura y la votación de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, se intensifica la “campaña” plutocrática y antinacional en contra de dicha reforma cuyo fin consiste en la remoción de los juzgadores que actúan primordialmente contra el bien común nacional y en favor de los grandes capitales locales y extranjeros y, en su lugar, instaurar un verdadero sistema de justicia, empezando por elegir de manera democrática a jueces, magistrados y ministros. Esto, en cumplimiento de la voluntad popular expresada en las pasadas elecciones.
El cambio de parecer del señor Salazar muestra el verdadero rostro de la política exterior estadounidense y la vacuidad del concepto de “democracia” que justifica sus decisiones; consiste, además, en una persistente falta de respeto a la autodeterminación de los países y sus pueblos.
La reforma al Poder Judicial en México, parte de la imperiosa necesidad de adecuar sus procesos a fin de fortalecer los ámbitos de la justicia del país con el fin de instaurar un sistema más justo, democrático y eficiente que elimine incumplimientos éticos, favoritismos, corrupción y las contrarreformas lesivas al interés común aprobadas durante el largo periodo neoliberal, nepotismo, y un gasto exorbitante que ha dado lugar a privilegios inmerecidos en un país con tanta desigualdad.
Cuando la iniciativa de reforma esté vigente, es muy posible que se presente ante los integrantes del Congreso de la Unión la necesidad de hacer adecuaciones para afinar su operatividad; así tendrá que hacerse. Pero esta reforma es de la mayor importancia histórica para el mejor funcionamiento de nuestra patria.
Pedimos a farmacéuticas, productoras de agrotóxicos, bancos y gran parte de petroleras y representantes de la industria eléctrica, así como a la oligarquía nacional, su respeto.
Extitular de la FGJ-CDMX