Desde mi trabajo como defensora de derechos humanos y ahora como Fiscal General, me parece que el derecho a la información es una obligación indeclinable de quienes ejercemos un cargo público; por ello quiero aclarar cuál fue la intervención de la Fiscalía en el caso del feminicidio de Montserrat.
En videos ampliamente difundidos en redes sociales se observa cómo varios hombres bajan el cuerpo que posteriormente sabríamos que es el de Montserrat; es notorio que ningún servidor público de la Fiscalía participó, de hecho, en ese momento no nos habían dado vista. El cuerpo de Monserrat fue llevado a una agencia funeraria, posiblemente con la intención de incinerar el cuerpo.
Contábamos con un oficio de colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para la búsqueda de Montserrat. Con este antecedente, la Policía de Investigación tomó conocimiento de la muerte de una mujer que correspondía con las características de la joven y de inmediato se abrió una carpeta de investigación por feminicidio.
Personal de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio recuperó el cuerpo de la funeraria para trasladarlo al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), donde los resultados de la necropsia indicaron que Montserrat había muerto por múltiples golpes, lo que confirmó el feminicidio.
Estos son los hechos, así es como la Fiscalía inició su participación en el esclarecimiento del lamentable feminicidio de Montserrat, por el cual ya ejecutamos dos órdenes de aprehensión.
Y no vamos a parar ahí, seguimos con la investigación para determinar si personal nuestro o de la SSC tuvo alguna participación indebida en las diligencias.
Tengo compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, para mí no son únicamente palabras o conceptos vacíos, por eso la Fiscalía se ha destacado por ser la que cumple con el 100% de las obligaciones que señala el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, nuestros datos son públicos y sin vacilar damos contestación a las solicitudes de información, así como a petición de organizaciones de la sociedad civil.
No hay nada que ocultar, no clasificamos delitos a conveniencia, tampoco escondemos las cifras.
Escuchar a las víctimas es una parte importante de la investigación, pero también del inicio de procurar justicia. Cada semana me reúno con colectivos de víctimas, también con familias y sus abogados. En estas reuniones hablamos con toda claridad, sin censura, les informamos de los avances de las investigaciones y atendemos sus demandas.
Comprender el dolor y la angustia de una familia que ha perdido a su hija, madre o hermana por feminicidio, es enfrentar cara a cara actos de extrema violencia, estar frente a una de las expresiones más oscuras de la sociedad.
Es por ello por lo que cada vez que tengo oportunidad reitero que no cejaremos para encontrar a quien comete el más atroz de los delitos contra las mujeres.
Utilizar un hecho de esta magnitud con propósitos políticos es intolerable.
El lamentable caso del feminicidio de Montserrat trató de utilizarse contra mí y contra la institución que encabezo. Utilizar un hecho de esta magnitud con propósitos políticos es INACEPTABLE Y MORALMENTE REPROBABLE.
Mezclar justicia y política es un acto ruin que revictimiza y estigmatiza a las familias y confunde a la opinión pública.
