Me parece muy grave que las instituciones Constitucionales sean víctimas de ataques facciosos que pretenden politizar las decisiones de los 11 integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, quienes entraron de buena fe a un cargo honorario, para participar en un proceso trascendente para la Ciudad de México.
La ratificación para ser titular de la Fiscalía es un procedimiento complejo que la Constitución Política de la Ciudad de México pone en manos del Consejo Judicial Ciudadano, cuyos miembros son electos a través de convocatoria pública. En esta ocasión las 11 personas que lo integran fueron aprobadas de manera unánime por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
A este Consejo tocó hacer mi evaluación del desempeño como Fiscal, para luego emitir una recomendación al Jefe de Gobierno quien, de aceptarla, la transmitirá al Congreso en donde por mayoría calificada se tomará la decisión final. Se trata de un proceso intenso que se desarrolla en tiempos limitados.
Después de que los miembros del Consejo Judicial Ciudadano rindieron protesta, me hicieron una visita de cortesía, en la que, además de presentarle a las y los servidores públicos que forman parte de mi equipo de trabajo, les pedí que la evaluación fuera rigurosa, ya que esto blindaría el proceso y eso era conveniente para ellos y para la institución que dirijo, tanto si el resultado fuera favorable o me negaran la ratificación.
Los consejeros cuentan con una reputación intachable y un genuino interés por la justicia en la Ciudad. A algunos de sus integrantes ya los conocía, pues habían sido consejeros ciudadanos entre 2020 y 2022; a otros los conozco como abogados litigantes y a algunos más los conocí en el proceso. Les ofrecí absoluta colaboración institucional, a fin de que tuvieran todos los elementos que consideraran necesarios para la evaluación. Mi postura fue siempre aceptar el resultado cualquiera que este fuera.
Durante la entrevista que me realizaron y de la cual hablé en mi columna anterior, los 7 hombres y las 4 mujeres integrantes del Consejo, me hicieron preguntas que mostraron que conocían a profundidad a la Fiscalía, sus retos, aciertos y fallas; es decir, que habían llevado a cabo un proceso de evaluación técnica, rigurosa y altamente profesional.
Sin embargo, desde días antes las y los consejeros fueron víctimas de ataques a través de redes sociales; incluso una consejera debió interrumpir su posicionamiento para solicitar que cesaran los ataques contra ella. Asimismo un grupo de manifestantes ingresaron por la fuerza al Congreso y agredieron a varios diputados, escudándose cobardemente en algunas víctimas.
Varios miembros del Consejo Judicial Ciudadano y en especial su presidente, han sido amenazados en su integridad, la de sus familias y en difamarles para menoscabar su prestigio.
Repruebo la violencia, siempre la he reprobado y más aún cuando utilizan de manera infame a las víctimas y se montan en su dolor para vulnerar un proceso construido legalmente y en consenso con la ciudadanía.
El proceso continúa, espero que quienes se manifiesten en contra, lo hagan por la vía del diálogo y la razón.
