En mi columna anterior hablaba sobre la herencia que nos dejaron 40 años de políticas neoliberales, las que agresivamente promovieron la desaparición de la esencia original de justicia y equidad que mandataba, bajo el peso de más de un millón de muertos resultado de la primera revolución social del siglo XX, nuestra Carta Magna de 1917.
Decía también que el México actual, producto de seis sexenios consecutivos (1982 a 2018), nos enfrenta hoy con un país colmado de desequilibrios, violencia, crisis y pobreza alentadas tanto por el afán de lucro inherente a ese modelo depredador, como por las minorías que se formaron acostumbradas a traficar con influencias; ello, sin menoscabo de los efectos rápidamente palpables del cambio climático.
Por tanto, y como recientemente lo propuso el presidente de la República, hoy tenemos todas y todos el compromiso de actuar sin perder tiempo, promoviendo la actualización del marco jurídico constitucional a fin de garantizar un mejor futuro para la viabilidad de nuestro país, para la colectividad en su conjunto y sobre todo para quienes vienen tras de nosotras y nosotros.
En esta oportunidad quiero hablarles de la iniciativa sobre medio ambiente que aborda tres temas de la mayor importancia para el desarrollo y bienestar públicos.
El primero se refiere al “Derecho a la alimentación”, y propone declarar a nuestro país libre de maíz genéticamente modificado como el transgénico, que requiere del uso intensivo de glifosato, herbicida muy cancerígeno según la Organización Mundial de la Salud; y reconocer al maíz como alimento básico y elemento de nuestra identidad nacional.
El segundo, “Derecho al agua”, plantea la necesidad de autorizar asignaciones para garantizar el consumo personal y de uso doméstico del líquido, además de dejar de otorgar concesiones a particulares en zonas con baja disponibilidad de agua.
Y el tercero, “Medio ambiente sano”, busca impedir prácticas que dañen el medio ambiente y la salud prohibiendo las actividades de minería a cielo abierto y el fracturamiento hidráulico (fracking), que extrae petróleo y gas del subsuelo mediante la inyección a elevada presión de agua, arena y sustancias químicas; emplea enormes volúmenes de agua y es altamente contaminante.
Con estas propuestas se busca garantizar que la población mexicana tenga pleno acceso a los derechos previstos en el artículo 4o. constitucional, en sus párrafos quinto y sexto, respectivamente.
Ya lo dije, citando al presidente de la República y no está de más recordarlo: durante el largo periodo neoliberal ningún cambio a la Carta Magna se hizo en beneficio del pueblo y sí todo para alentar el afán de lucro y negocios como la entrega de bienes públicos a minorías locales y extranjeras.
Las veinte iniciativas que el Ejecutivo envió al Congreso tienen por objeto recuperar el espíritu de justicia y equidad plasmado en el texto original de la Constitución de 1917, recuperando con ello el propósito mayor de hacer de México un país más justo y solidario y nuevamente, el gran actor independiente, respetable y más fuerte ante el gran concierto de las naciones y ante los retos que plantea a futuro el convulso mundo que estamos viviendo.
