Este fin de semana acudí a Morelos a dos Foros en plazas públicas: Cuernavaca y Jiutepec. Es gratificante ver cómo asiste gente de todas las edades, de diversas condiciones socioeconómicas conviviendo entre sí; campesinos, artistas, mujeres empresarias, comerciantes, jefas y jefes de familia, empleados y estudiantes.
Desde que nuestra presidenta electa propuso la consulta pública para la reforma al poder judicial, el Congreso de la Unión convocó a nueve Foros en los que han participado ministros de la SCJN, legisladores, juristas, académicos, ciudadanas y ciudadanos, senadores y senadoras en funciones y electas, diputadas y diputados electos e incluso gobernadores.
Estas asambleas informativas han tenido como constante en todo el país, un festivo recibimiento en plazas llenas. En el foro de Cuernavaca, la anfitriona fue la gobernadora electa de Morelos, Margarita González Saravia y la diputada federal electa Sandra Anaya; en el de Jiutepec, el Presidente Municipal David Ortiz y el Diputado local electo, Rafael Reyes.
Durante uno de estos eventos, la ministra Lenia Batres expuso un tema que, para la mayoría de quienes han tenido la necesidad de acudir a la SCJN por algún asunto, da cuenta de que es un hecho que los tiempos que toman las y los ministros para dictar sentencias son extremadamente largos.
Dos ejemplos: en un amparo en materia administrativa, que es una de las herramientas que tenemos como ciudadanos para reclamar a la autoridad alguna omisión, o alguna ley que nos agravia, el Pleno de la SCJN tarda en resolverlo hasta 1,903 días ¡5 años!
O el procedimiento de responsabilidad administrativa contra algún miembro del poder judicial que toma 1,183 días, más de 3 años.
Y si lo anterior parece escandaloso, los juzgados de distrito, para un proceso de extradición demoran 2,763 días en dar sentencia, equivalentes a más de ¡7 años!
El Artículo 17 de la Constitución indica que tenemos derecho a una Justicia pronta y expedita; sin embargo, para quien pertenece a algún pueblo originario, los tiempos de sentencia suelen llegar a ser más largos que para las y los demás. En 2021, el INEGI reportó que 7,011 personas de origen indígena se encontraban presos de los cuales el 85% no tuvo acceso a un intérprete durante su proceso y tres de cada uno ¡ni siquiera habían recibido sentencia!
Por todo ello, con la Reforma se busca que la Justicia sea expedita, estableciendo un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales, y de 1 año para asuntos penales. En caso de rebasar estos términos, la autoridad judicial lo informará al Tribunal de Disciplina Judicial que podrá investigar y sancionar la demora.
Argumentos hay muchos para plantearse la necesidad de reformar el poder judicial; por ello, ¿qué poder judicial queremos?
Uno que tenga respaldo popular (que sea electo por el voto).
Que rinda cuentas.
Que no haga de las obligaciones de otros, excepciones para sus miembros.
Que comprenda la sociedad cambiante en la que vivimos.
Que dicte sentencias justas, sin mediar intereses económicos y facciosos.
Que anteponga siempre la causa de la Justicia por encima de tecnicismos.
Que sea eficiente y cueste a la Nación lo justo.
¡Todos a informarse y opinar!
Exfiscal de justicia de la CDMX
