El marco constitucional de los años 90 que regulaba el conflicto entre la disposición y el uso del agua en el país y ante las condiciones cada vez más turbulentas del cambio climático, el crecimiento de la población y el desarrollo de la industria con respecto a su uso y gestión, por fin ha cambiado.
Desde 1992 y bajo una concepción neoliberal, se promulgó la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento en 1994. Desde entonces, el recurso se convirtió en una mercancía y al paso del tiempo, su abasto y manejo prefiguraron una perspectiva muy poco prometedora a mediano plazo.
En consecuencia, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el 21 de noviembre el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, cuyo objetivo esencial es hacer del agua un derecho para las y los mexicanos. Este se basa en cuatro ejes fundamentales: Política Hídrica y Soberanía Nacional; Justicia y Acceso al Agua; Mitigación del Impacto Ambiental y Adaptación al Cambio Climático; y una Gestión integral y transparente.
Partiendo que el problema del agua es multidimensional y multifactorial, pues incluye desde asuntos comunes como disputas, desacuerdos, hasta el deterioro cuantitativo y cualitativo en cuencas y acuíferos, la contaminación, el uso ineficiente del líquido, los problemas derivados del desarrollo hídrico en las comunidades o la deficiente administración de los sistemas de agua potable y agua tratada, el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 contempla las acciones siguientes:
1. El Ordenamiento de las concesiones, para evitar la venta del agua concesionada no utilizada.
2. La Eficiencia del riego agrícola mediante su tecnificación, fomentando una mayor productividad en el campo.
3. La Implementación de un Plan Maestro, entre el Gobierno Federal, los estados y municipios para desarrollar infraestructura de agua potable.
4. La definición de Proyectos estratégicos que atiendan regiones y destinen el recurso hídrico donde hay mayor necesidad.
5. Y el impostergable saneamiento de diversos cuerpos de agua, en particular de los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula.
El Plan incluye la revisión de títulos de concesión; la creación del Registro Nacional de Agua para el Bienestar (Renab) con una sola base de datos que permita una gestión eficiente y sin corrupción; la implementación de un programa de inspección en todo el país; la promoción de reformas a la Ley de Aguas Nacionales en lo relativo a transmisiones, cambios de uso y cuotas de garantía para terminar con la especulación y la Expedición de la Ley General de Aguas; la emisión de un Decreto de facilidades que permitirá a más de 25 mil productores agrícolas y pecuarios acceder a créditos, subsidios y programas al regularizar las concesiones.
La firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, con la participación de distritos y unidades de riego, de consumidores industriales, instituciones académicas y de investigación, comunidades usuarias y el gobierno en sus distintos niveles, es un esfuerzo de entendimiento y cooperación para resolver este tema vital para la nación.
Ahora, vamos por una regulación imparcial que asegure el derecho humano al agua y la equidad en el uso del recurso para la viabilidad futura del país.
Consejera Jurídica de la Presidencia