En mi columna anterior comenté que el tema que trataría ahora sería el de un feminicidio que conmocionó a la ciudad y al país entero. Sin embargo, el 11 de septiembre, se me notificó un amparo para que me abstenga de publicar y difundir información de la investigación en la que ese quejoso es parte, así como cualquier dato que permita saber de qué persona se trata o identificar el asunto.
Como Fiscal General, debo reconocer la deuda histórica que tenemos como institución con las mujeres de la Ciudad de México. Por ello, asumí el compromiso de garantizar acceso a la justicia para las mujeres. Toda investigación de casos de feminicidio, que son considerados como la expresión máxima de la violencia contra mujeres, es una tarea prioritaria. En el código penal se establece que comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razón de género.
Mi gestión se caracteriza por el diálogo personal con las víctimas; cuando alguna familia me asegura que la muerte de su familiar no fue por suicidio ya que había antecedentes de violencia por parte de su pareja, ex pareja o alguien de confianza, siempre tomo la decisión de reabrir el caso para investigarlo bajo el protocolo de feminicidio; para ello se necesita realizar 6 o 7 diligencias:
Búsqueda de antecedentes de violencia en colaboración con otras instituciones; incorporación de datos clínicos para la correcta clasificación y descripción de las lesiones que presenta el cuerpo; la reconstrucción de hechos; el análisis de contexto; la incorporación del peritaje en materia de física e ingeniería para el caso de muertes violentas por precipitación; la colaboración con el Instituto de Ciencias Forenses en el análisis de resultados de las necropsias; la extracción de datos conservados y el análisis de telefonía. El área de inteligencia de la PDI con la que cuenta la Fiscalía de Feminicidios ha sido crucial para la acreditación de estos feminicidios.
Con esta metodología hemos logrado reclasificar casos que se iniciaron bajo hipótesis de suicidio; llevamos 20 casos reclasificados entre los que están: el de Marichuy, el de la policía Nancy, el de Arely Mendoza Argüello y Lesvy Berlín Rivera Osorio.
Para darles un ejemplo está el de una joven cuyo esposo, declaró que al llegar a su casa encontró a su esposa colgada de la regadera con una chalina. Las fotos periciales de la casa mostraban a la joven con una chalina atada al cuello; sin embargo, las fotos de la necropsia mostraban que la herida del cuello era coincidente con un cable. En la reconstrucción de hechos se encontró el cable. ¡Ahí había estado siempre y nadie lo había visto!
Ver el alivio que se dibujó en los rostros de la familia cuando les informé que sus sospechas eran ciertas y que ya teníamos orden de aprehensión contra el esposo, ha sido uno de los momentos por los que considero que es un privilegio y vale la pena trabajar en el noble oficio de procurar justicia.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
