México se adelanta y dice NO antes del 5 de septiembre, fecha en que el gobierno del presidente Donald Trump valorará los servicios prestados por el país para reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos, e insistirá en que México acepte ser tercer país seguro, lo que implica que quienes busquen asilo en EU y lleguen desde México tendrán que solicitarlo en nuestro país, y tendrán que esperar aquí hasta que se resuelva su petición.
México rechaza convertirse en tercer país seguro; define así una posición de política exterior en la que coinciden Ejecutivo y Legislativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice: “Sería injusto y contrario a la política del actual gobierno”. El canciller Marcelo Ebrard se congratula de la fortaleza con que se decide un tema importante para la política exterior mexicana. El Senado, a través de la Junta de Coordinación Política que encabeza Ricardo Monreal, advierte que “ningún senador votaría en favor de que México sea tercer país seguro”, inaceptable para todas las fuerzas políticas de la Cámara Alta que rechazaría el acuerdo en caso de que se alcanzara, lo que no sucederá.
Avanzamos. Es importante, como lo escribió hace unos días Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados: “México necesita una política exterior propia, consistente, ejercida con independencia y que cuente con el apoyo nacional”. En la que se conjuguen principios e intereses. Es necesario e imprescindible separar la política migratoria de la política comercial y económica, a través de la cual se ejercieron presiones.
La política de la Casa Blanca consiste en dificultar en todo lo posible las peticiones de asilo en EU, así como rechazar la inmensa mayoría de ellas, más de 80%. Washington logró que el saliente presidente de Guatemala firmara un acuerdo de ser tercer país seguro.
El presidente electo, Alejandro Giammattei, recibió en Guatemala la visita de un asistente especial de Donald Trump, que llegó porque “la falta de divulgación del acuerdo por parte del Ejecutivo ha generado desinformación”, de manera que Trump lo envió a explicar el contenido de éste.
Tras la firma del acuerdo en julio, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas y la organización Acción Ciudadana, rama de transparencia internacional en Guatemala, presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que el acuerdo no entre en vigor argumentando que Guatemala no tiene capacidad de otorgar asilo. El enviado Mauricio Claver-Carone, asesor de la Casa Blanca, presiona y dice que espera que la Corte emita una resolución basada en el contenido del acuerdo, palabras mas palabras menos, presiones más.
A lo largo de casi 90 días, México ha aceptado que se regrese a los demandantes de asilo en EU mientras se resuelve su trámite (en general se rechazan más de 80% de las solicitudes). Posiblemente esto haya alentado en Washington la visión de que México podría aceptar ser tercer país seguro. Sin embargo, se ha fortalecido la decisión de no aceptar serlo, no existen las condiciones para ello.
Actualmente, según información de la Universidad de California en San Diego, se estima que hay alrededor de 26 mil solicitantes de asilo en 12 ciudades fronterizas mexicanas. En Tijuana, California; Ciudad Juárez , Chihuahua, y Reynosa, Tamaulipas esperan 72% de solicitantes de asilo. Un serio problema es la lentitud con que se mueven las solicitudes de asilo. Y lo dramático del caso es que la mayor parte de los solicitantes no tienen abogados especializados que lleven sus casos, lo que dificulta resoluciones positivas. Sólo alrededor de 1.5% cuenta con ese tipo de representantes.
Los asesinatos de El Paso, Texas, ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, son violencia racial del supremacismo blanco. Los odios raciales crecen aceleradamente y desembocan en violencia, en acciones terroristas. Llegó de Dallas el joven suspremacista blanco, asesino armado, mentalmente envenenado, enloquecido, buscando matar mexicanos y latinos. Decidido a salvar a su país de la “invasión” de mexicanos y latinos.
A lo largo de estos casi 90 días, Washington ha mostrado que mantendrá excesos y violencia antiinmigrante, con las redadas de indocumentados en centros de trabajo en diversos estados que crean el miedo cotidiano, especialmente entre latinos que tienen tiempo viviendo y trabajando en EU.
Ha habido cientos de deportaciones, hay persecuciones por el color de la piel y dramáticas condiciones infrahumanas en centros de detención de quienes lograron cruzar la frontera. Continúa la separación de familias, crecen los campos de detención —o de concentración como se les llama—, el trato inhumano para los menores. Hay muertes prematuras, hacinamiento, falta de los servicios más elementales. Se profundizan con largas detenciones los traumas con los que vivirán niños y adolescentes. ¡El horror! Ni una palabra de una reforma migratoria constructiva, eso no está en el horizonte de Washington.
Si la Casa Blanca exige que México disminuya la migración desde Centroamérica, sería posible exigir poner punto final a las detenciones y violaciones de derechos humanos de los migrantes, a las redadas o cacerías, a la separación de familias. Es prioridad de la política exterior mexicana la defensa de los mexicanos en el exterior. Los consulados mexicanos hacen un gran trabajo.
Periodista, analista internacional
