En un país de libertades no se necesita decir desde el poder que todos pueden opinar libremente. No basta presentar cifras alegres como argumento de que la percepción de inseguridad en el país ha mejorado. Tampoco señalar que se han abatido rezagos históricos cuando en estados con altos niveles de marginación las bandas del crimen organizado alteran constantemente el orden social. Estos argumentos solo evidencian que la realidad que mencionan los discursos oficiales cada día está más alejada de nuestra realidad cotidiana.
Hace unos días, Mauricio Solís, periodista de Michoacán fue asesinado en el centro de Uruapan, unos minutos después de haber entrevistado al alcalde de ese municipio, tan solo a unos metros de donde terminó su transmisión en vivo. Es lamentable decir que el ejercicio del periodismo se ha convertido en una profesión de muy alto riesgo, sobre todo en regiones donde los gobiernos han sido rebasados por la delincuencia.
La muerte de Mauricio Solís desafortunadamente será un número más en las estadísticas oficiales. Esto significa que la libertad de expresión resulta ser un factor de riesgo porque no hay condiciones para que las y los reporteros puedan realizar su trabajo.
A principios de octubre, en Culiacán, Sinaloa, un joven de nombre Alexis se salvó de ser asesinado por elementos de la Guardia Nacional que lo detuvieron, después de haberle disparado a su camioneta. Al acercarse al vehículo y darse cuenta que estaba vivo, uno de los soldados ordenó que lo mataran, pero vieron la cámara de seguridad de un negocio que los estaba grabando. Recogieron casquillos y se llevaron al joven herido en calidad de detenido, acusándolo de ser un provocador de violencia. Afortunadamente un video salvó la vida de un joven en un estado donde la violencia entre bandas criminales cada día aumenta más.
En el otro extremo del país, el 20 de octubre fue asesinado el padre Marcelo Pérez, un conocido activista a favor de la paz. En Chiapas, donde la violencia se suma a añejos reclamos sociales que han sido constantemente reprimidos por las autoridades y ahora se agrega el peligro que representa la presencia de grupos criminales. La indignación que provocó su muerte aumentó la tensión social en esa entidad.
Ante este escenario tan complejo, resulta obligado que sumemos esfuerzos para sacar a nuestro país de esta situación. No podemos permitir que la libertad nos sea arrebatada. Es momento de buscar soluciones, pero sobre todo que prevalezca la voluntad de realizar una efectiva coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Por eso resultan positivas las iniciativas que ha planteado el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en las que además de fortalecer las instituciones de seguridad con facultades de investigación e inteligencia, se prioriza la coordinación con las fiscalías y las policías estatales.
Nuestro país va a cambiar en el momento que se invierta de manera efectiva en los tres niveles de gobierno, pero sobre todo cuando independientemente del partido al que pertenezcan los gobiernos federal, estatales y municipales, establezcan una verdadera coordinación para combatir la delincuencia.
Senador de la República y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN
