En los últimos días se presentaron las propuestas de estrategias sobre el sistema público de salud de las candidatas a la presidencia de la República Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.
Entre las propuestas presentadas, es de particular interés para quien escribe estas líneas comprender el alcance de los planteamientos formulados para garantizar el abasto de medicamentos que hechos por los equipos de salud de las aspirantes presidenciables.
En el caso de Xóchitl Gálvez, la estrategia es retomar el “Seguro Popular” que tendría un mayor alcance respecto a su versión anterior, conformando un sistema donde instituciones de salud públicas y privadas se integren para garantizar la atención a la población. Así como el uso de la tecnología para contar con teleconsultas y garantizar la cobertura. Para ello, propone implementar la tarjeta “Mi Salud” que los permitiría a los beneficiarios, de este nuevo modelo, surtir recetas en cualquier farmacia, incluso en las privadas, así como realizar estudios clínicos y asistir a consultas médicas entre las diversas unidades del nuevo andamiaje sanitario propuesto.
Esto: significa que deberán crearse acuerdos con el sector privado de salud para definir los alcances, tarifas y mecanismos para garantizar los servicios pretendidos, y, en su caso el surtimiento efectivo de recetas.
Por parte del equipo de Claudia Sheinbaum se mantiene la estrategia de hacer de BIRMEX responsable de las compras públicas de medicamentos y de dispositivos médicos, así como de su distribución; esta estrategia deberá mostrar su efectividad en el cierre del actual sexenio frente a los graves hechos como resultado del pésimo manejo de la cadena de suministro, como se ha demostrado en participaciones anteriores en este espacio.
También, propone implementar el “Sistema de Farmacias Bienestar” para garantizar el surtimiento “gratuito” de recetas de medicamentos genéricos bajo acuerdos con la iniciativa privada, lo cual deberá ocurrir complementariamente sin quitar la responsabilidad del abasto institucional. Tal propuesta suena contradictoria respecto a la postura que ha mantenido el actual gobierno de no colaborar con la iniciativa privada, con graves consecuencias.
Asimismo, señala el uso de tecnologías aplicadas al ámbito de la salud para llevar control de recetas electrónicas, así como los estudios clínicos correspondientes. Se trata de poner en práctica lo que se ha se ha aprobado en el legislativo sobre la aplicación de estas tecnologías, que son una realidad en otras partes del mundo-
En tanto que nuestro país se podría insertar de manera tardía, lo que dependerá del presupuesto que se le asigne, además de la política para su implementación y capacitación requeridas y quizá, en el largo plazo, se logre tener la trazabilidad de las condiciones de salud de los pacientes, independientemente de la institución donde se atienda.
El reto para el próximo sexenio es mayúsculo para quien tome las riendas. Por un lado, la propuesta de Sheinbaum Pardo, si bien reconoce la necesidad de la participación del sector privado, no existe un reconocimiento al fracaso que significa los diversos intentos del actual gobierno por garantizar el abasto, del pésimo manejo presupuestal en la compra pública que es un claro ejemplo del abandono en la atención a los pacientes; a la que se suma la mala gestión del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI) para atender enfermedades de alto costo (véase https://www.mexicoevalua.org/el-caso-fonsabi-o-como-disimular-la-catastrofe/), así como el derrumbe de los programas de vacunación y que significa una mayor carga de enfermedades evitables con esos biológicos para los próximos años.
De acuerdo, con cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto programable de la función salud al cierre de 2023 mostró un subejercicio superior a los 59.4 mil millones de pesos, superando casi 12 veces al subejercicio observado en 2022. Dicho subejercicio es comparable con el valor total que se requiere para cubrir en un año las necesidades de material de curación, reactivos, equipamiento y dispositivos médicos en todo el sistema público en gestión.
Es relevante que en los debates por ocurrir para confrontar las propuestas, se discutan los “cómos” y “qués” en un tema tan delicado como el abasto y en el ejercicio adecuado de los presupuestos.
Buscar involucrar en el abasto y surtimiento de recetas entre las farmacias privadas debe ser del mayor interés entre la población y que deberá ser una referencia importante en los próximos comicios.
Al respecto, dejamos algunas referencias sobre esa posible estrategia en la región latinoamericana: Brasil y Chile han implementado políticas para garantizar el abasto a través de las "Farmacias Populares".
En Chile, surgen como una política pública local para mejorar el acceso a medicamentos a precios asequibles para la población, especialmente para aquellos con enfermedades crónicas y de alta demanda. La primera farmacia data de 2015, y su crecimiento se ha limitado a poco menos de 200 farmacias que son administradas por los gobiernos municipales, con diferencias en estructura orgánica según las condiciones poblacionales.
Dichas farmacias se financian con presupuesto municipal y a través de la autogestión y que puede definir algún copago por parte de los usuarios según el consumo de medicamentos. El listado de medicamentos suele ser dinámico y varía en cada Farmacia Popular, sin que exista algún requisito establecido, siempre y cuando se atiendan puntualmente enfermedades crónicas o de una atención más duradera. Dichas farmacias cuentan con personal profesionalizado y que pueden ofrecer servicios de atención personalizada e incluso realizan actividades de promoción de protección a la salud.
Según estudios realizados sobre estas farmacias, han beneficiado a población con la reducción en su gasto entre 35% y 80%, mejorando el acceso a los tratamientos. Su regulación está en manos del Instituto de Salud Pública o en su casos, de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud.
Enfrentan diversos desafíos: al ser manejadas por instancias públicas, no ocurre el suficiente financiamiento para contar con mejores espacios físicos y la gestión en compra y dispensación de medicamentos puede variar. A pesar de ello, garantizan precios más bajos que farmacias privadas.
Chile es un país de 19 millones de personas y se estima que dichas farmacias tiene alcance solo al 5% de la población. El surtimiento de medicamentos es primordialmente con distribuidores en un 70%. El 30% restante lo adquieren con el organismo público llamado “Central de Abastecimiento” (CENABAST), el cual tiene como anteceden haber realizado compras y distribución de estos bienes terapéuticos desde la década de los 80 en beneficio de aquellas instituciones públicas que voluntariamente participan y obtener precios más asequibles.
El contraste es con el modelo brasileño, iniciado en 2004, cuya cobertura es nacional y cuenta con una estructura de financiamiento y administración federal centralizada, lo que le facilita la estandarización y control de calidad de los medicamentos.
Cuenta con la participación de farmacias propias con un número ínfimo, pues su mayor alcance es con cadenas de farmacias privadas que superan las 30 mil sucursales, en un país de más de 215 millones de habitantes.
Considera un listado específico de medicamentos donde ocurre copago por parte del usuario, donde el subsidio gubernamental es de 90% en general. También cuenta con un programa de surtimiento de medicamentos de enfermedades crónicas que incluso se surten sin costo al usuario.
La apuesta del modelo brasileño es garantizar el apego a tratamiento, donde existe un andamiaje importante de colaboración entre las diversas instituciones de salud federales y locales, así como con la iniciativa privada, para lograr la mejor cobertura posible con un uso adecuado del presupuesto y con la obligación de rendición de cuentas, la cual le ha permitido detectar fraudes y aplicar sanciones.
Ambos modelos de farmacias tienen orígenes distintos con un mismo propósito: garantizar el abasto, siendo de mayor envergadura el caso brasileño. La adecuada gestión, sujeta a indicadores de eficiencia, transparencia y capacidad de negociación con los proveedores favorece a los objetivos de sus sistemas de salud. La tabla 2 ofrece un comparativo de algunos de los aspectos aquí comentados.
Queda registro de las inquietudes que las propuestas realizadas para la gestión de la salud y particularmente para el abasto de los bienes terapéuticos hagan los aspirantes, con el propósito de conocer detalles de la implementación de sendas propuestas, dejando algunos ejemplos que han ocurrido en el Latinoamérica. Son amplias las expectativas en los debates por venir. Veremos.
Director General del Instituto Farmacéutico (INEFAM)
