En los últimos días se divulgó información sobre la falta de tratamientos para atender los padecimientos vinculados a la salud mental de miles de mexicanos. Lo que en realidad estamos observando un problema agudizado por distintos factores que lamentablemente han limitado su acceso en el sector público de salud y recientemente en el privado: como referencia histórica véase la tabla de evolución en piezas de algunas de las sustancias activas que se enlistan con problemas en ambos sectores.
En particular la tabla 1 hace referencia de algunas de las sustancias adquiridas en el sector público y captadas por las auditorías INEFAM© entre 2015-2022. El lector notará que 2019 se registra como el año de mayor de piezas adquiridas, con más de 18 millones; que contrasta con 2021, donde solo se compraron 8.6 millones de piezas de las 11 sustancias listadas, esto es apenas 47% de lo adquirido en 2019.
Fuente: Elaboración propia con bases INEFAM©.
En 2022, se muestra como un año de recuperación, pero aun así muy lejano de las cifras que se tenían en 2019. Un ejemplo, es el litio (para transtornos maniacodepresivos), que en 2021 solo representó 5.7% de la compra de 2019 y cuya recuperación en 2022 significa apenas 12.2%. Otro caso es clonazepam que destaca por ser una de las sustancias de mayor consumo alcanzando un pico en 2019 (8.35 millones de piezas) y hacia 2021 solo adquirieron 5.12 millones de piezas, ello, es 61.3% del primer año antes referido. De igual manera, a pesar de su recuperación en 2022 hace evidente la escasez de este bien terapéutico.
Otras más como impramina (depresión) u oxcarbazepina (epilepsia), son una muestra de la marcada reducción aquí planteada.
¿Qué ha sucedido?
Es posible definir algunos factores determinantes del comportamiento de estos medicamentos en los últimos años:
a) efecto pandemia; la Covid-19 afectó a escala mundial la logística y distribución de medicamentos terminados y/o de los farmaquímicos necesarios para su producción local, donde México no quedó exento frente a procesos sumamente largos para su disposición en las aduanas del país.
B) El efecto generalizado de la pésima gestión de la compra pública (Oficialía Mayor de la SHCP, INSABI y UNOPS) que reiteradamente hemos señalado en este espacio, donde los destacas los severos atrasos desde las convocatorias hasta la firma de contratos y posterior ejercicio complicados por la logística y distribución institucionales afectando a un sinnúmero de pacientes entre el sector salud público, donde estos últimos incurrieron en gasto de bolsillo creciente para adquirir sus tratamientos al que debe de sumarse el desembolso de honorarios médicos en el sector privado en la medida que el sistema público no garantizaba la prescripción correspondiente. Sin duda, una porción importante de estos pacientes no logró atender su padecimiento ante una precaria condición económica, así como aquellos que mantienen secuelas de long-covid o entre los familiares que requieren algún tratamiento derivado de la pérdida de algún integrante que falleció por la pandemia (¡más de 700 mil personas!).
C) Atraso en la emisión de permisos, licencias o registros para importar, producir o comercializar los medicamentos antes citados por parte de la Cofepris, situación que se ha agudizado en los últimos meses, dando lugar a un doble impacto a limitar su disponibilidad en los mercados público y privado.
La tabla 2 describe la evolución de los últimos 8 años de los dos principales grupos terapéuticos dedicados a la atención de la salud mental. Las cifras hablan por sí mismas.
Fuente: Elaboración propia con bases INEFAM©.
¿Y el paciente?
Si el verdadero compromiso del sistema de salud es poner al paciente al centro, demanda que los diversos actores, desde sus respectivos ámbitos, mantengan la mayor sensibilidad y resolver con mayor comunicación, coordinación, anticipación y planeación en la compra pública que redunde en una óptima y deseada atención.
