Enrique Martínez Moreno
Director General del Instituto Farmacéutico (INEFAM)
Hace algunas semanas el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer el “Estudio sobre el derecho a la salud 2023: un análisis cualitativo” que tiene como referencia el estudio previo de 2018 y corresponde ahora evaluar, a través de entrevistas entre funcionarios de distintas instituciones de salud, así como entre usuarios, su valoración sobre las dimensiones que integran el derecho a la salud consagrado en el artículo 4 de nuestra carta magna: accesibilidad de la población a los servicios de salud, disponibilidad de dichos servicios que deben garantizar las instituciones, así como calidad en el otorgamiento de los servicios.
El estudio parte de la revisión de las reformas a la Ley General de Salud (LGS) desde 2019 y que incluye las reformas más recientes que señalan la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y su remplazo con el recién creado Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar. El documento destaca que si bien las reformas pretenden la universalización del sistema de salud, en realidad, su implementación no se consolida y da lugar a una condición contradictoria e incierta entre funcionarios de alto nivel, personal médico y personal técnico, de cuyas entrevistas destaca el desconocimiento de las reformas o, en su caso, implementaciones parciales que no contribuyen a un acceso efectivo a la salud. La falta de comunicación y coordinación sobre el sentido de las reformas, así como la fala de claridad en sus lineamientos entre los Servicios Estatales de Salud (SESA), es decir, aquellas instituciones que en los estados atienden a la población que carecer de derechohabiencia, ha dificultado su implementación, en donde la falta de reconocimiento de las condiciones heterogéneas entre las instituciones en las reformas propuestas, limitan el cumplimiento de las tres dimensiones del derecho a la salud.
Esto se hace patente, entre otros aspectos, en el creciente gasto de bolsillo de los pacientes y familiares al no contar con la disponibilidad oportuno de los servicios ni de medicamentos. Ciertamente esta condición se agudizó en la pandemia por la COVID-19 y que llevó a una mayor asistencia a los Consultorios Aledaños a Farmacia (CAF) como ha destacado el mismo CONEVAL en su análisis sobre la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENGIH) de 2022.
La implementación del Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar (MAS-Bienestar) del nuevo OPD señalado, debe garantizar el acceso efectivo a la atención primaria en los SESA y ello ha motivado al diagnóstico entre aquellas entidades federativas cuyos gobiernos han decidido ceder sus instalaciones al OPD con el fin de realizar las inversiones para mejorar sus espacios y contar con mejor equipamiento (que se contabilizan al menos 22 entidades al momento). Al respecto, algunos de los funcionarios entrevistados que colaboran en los SESA señalan que no necesariamente el diagnóstico y la inversión se
corresponden con las necesidades identificadas por sus funcionarios, además de que no se ha resuelto condiciones irregulares de la contratación del personal que ahí colabora.
En cuanto al abasto de medicamentos, es evidente que los usuarios expresaron que no contaron con sus tratamientos, particularmente aquellos de mayor costo y que limita la oportunidad de buscar alternativas entre farmacias o instituciones de salud del sector privado. Hay reconocimiento de los funcionarios que la manera de resolver la distribución con el actual gobierno federal no ha sido efectiva y que la contrario, genera más dificultades y costos. Han hecho manifiesto problemas de medicamentos que faltan, o en otros casos han recibido más piezas debido a los atrasos de los primero pedidos y que sólo saturan almacenes. Esta última condición la hemos plantado en este espacio, y es ahora documentado por el estudio aquí referido
El desabasto de medicamentos vivido en los últimos años es eminentemente un resultado desafortunado que claramente describe el incumplimiento al derecho a la salud tanto por no garantizar el acceso de los pacientes a los medicamentos y su disponibilidad entre las instituciones. Las ideas presidenciales por contar con una gran farmacia en la ciudad de México y de ahí cubrir faltantes es otro signo que el problema del abasto no ha sido comprendido y puede llevar a una implementación de mayor costo que no tiene sentido alguno. Mientras no haya comprensión de que no se trata de contar con almacenes “llenos”, sino tener con sistemas informáticos puntuales que contengan con precisión las necesidades de consumo con los inventarios adecuados, el sensible problema aquí planteado no tendrá solución alguna al cierre del actual sexenio y que será un problema a heredado para el próximo gobierno y por lo tanto demanda su seria revisión desde ahora.
El mapa de desbasto elaborado por el Instituto Farmacéutico (INEFAM) muestra la evolución mensual de piezas e importes de medicamentos entre las instituciones públicas de salud (https://inefam.com/mapa-del-desabasto/) que abarca desde 2016 al primer semestre de 2023, señala que el indicador es solo de 50 de las piezas al cierre de junio del año en curso, cuando 2016 y 2018, dicho indicador promedia cerca de 100 (la metodología se explica en el link señalado). En cambio, los costos han sido crecientes, pues en este último semestre se registra un indicador cercano a 130. Es decir, con prácticamente en 2023, solo se atiende con el 50% de las piezas con un incremento de costos de 30% respecto a 2018.
Gráfica 1
Fuente: Bases INEFAM©
Hacia mediados de 2022 mostraba que el sector podría tener mejores niveles de abasto, lo cual no ha sucedido por lo antes expresado y que se ha visto dificultado en mayor medida por la transición INSABI al IMSS Bienestar.
El problema del desbasto es generalizado entre todos los grupos terapéuticos en los que se clasifican los medicamentos que son requeridos por las instituciones públicas de salud. El grupo de “cardiología” (gráfica 2), que concentra medicamentos contra la hipertensión arterial, entre otros padecimientos, muestra de igual forma un pésimo desempeño en las piezas con el contraste de altos costos.
Gráfica 2
Fuente: Bases INEFAM©
Otro caso emblemático es el grupo terapéutico de “endocrinología y metabolismo” (gráfica 3), en donde se encuentran insulinas y otros medicamentos requeridos para atender la
diabetes, enfermedad de alta prevalencia entre la población mexicana, cuyos pacientes también han visto complicaciones para lograr sus tratamientos en tiempo y forma.
Gráfica 3
Fuente: Bases INEFAM©
El grupo terapéutico de “Oncología” contiene el conjunto de medicamentos que son requeridos en las quimioterapias, cuya escasez ha sido de las de mayor impacto y sensibilidad entre los pacientes y familiares en lo que va del presente gobierno. La evolución de este grupo, mostrado en la gráfica 4, tiene altibajos con tendencia a mantenerse por arriba del indicador 100. A pesar de esta recuperación, es un hecho que al no garantizar en meses pasados la atención oportuna con los tratamientos que de aquí derivan, es posible que en varios casos la enfermedad haya progresado e incluso hayan ocurrido lamentables muertes.
Gráfica 4
Fuente: Bases INEFAM©
La condición del sector es insostenible y requiere compromisos serios con fundamento en conocimiento de la cadena de suministro y con apuestas claras a la tecnología que garantice al rastreabilidad la posibilidad de conocer en cada eslabón de la cadena el correcto flujo de los medicamentos. Es urgente detener tan mala condición y resolver desde ahora en beneficio de los pacientes, en total respeto a su derecho a la salud.
