En la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las cifras de las compras públicas de medicamentos muestran resultados diametralmente opuestos a lo señalado al inicio del actual gobierno.
Entre los argumentos que propiciaron el cambio actual están: “existe corrupción en la distribución de medicamentos”, “solo algunos distribuidores concentran el 70% de las compras”, “los distribuidores elevan mucho los precios de medicamentos”, entre otros.
Narrativa que dividió una relación simbiótica y funcional entre producción y distribución, donde la segunda sería resuelta por el gobierno federal con el desarrollo de un sistema propio que fue encargado al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), en el que el brazo logístico es la empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V. (BIRMEX), que dedicada particularmente a comprar y vender vacunas para el sector público, con una participación de 50% del total requerido de manera anual. Es decir, se le designa una labor titánica a una entidad que carece de infraestructura, capacidad logística y conocimiento sobre los retos que significa el vasto sector público de medicamentos.
Dicho sistema se integró con “Operadores Logísticos” (OL) que son distribuidores de medicamentos y dispositivos médicos con amplia experiencia en el sector contratados por BIRMEX. Algunas instituciones, particularmente las federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR), contratan a sus propios OL o resuelven de manera directa frente a los atrasos ocurridos a lo largo de 2021 en el suministro de estos bienes terapéuticos, particularmente de las compras consolidadas en manos de INSABI y de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que prácticamente fueron el principal factor del desabasto en el primer semestre de 2021, como nunca antes visto.
No sólo afectaron la adquisición de medicamentos y material de curación en sus manos, provocaron un efecto multiplicador entre las diversas instituciones que no realizaban compras para cubrir varios meses de dicho año, sino con compras pequeñas de manera emergente, a través de las adjudicaciones directas (AD) que por la inmediatez para cubrir sus necesidades, llegaron a adquirir a precios más altos (según estimaciones propias, compraron en promedio 14.5% más caro que en 2020), no solo aquellos bienes pendientes con INSABI/UNOPS, sino con otro conjunto de estos insumos no sujetos a la compra consolidada, haciendo evidente la falta de comunicación, de coordinación, generando incertidumbre sobre el abasto y con enorme presión para atender a los pacientes.
En marzo pasado, fue presentado el reporte de “Radiografía del desbasto” por el colectivo “Cero desabasto” (cerodesabasto.org), conformado por más de 80 organizaciones de la sociedad civil; mostró que se han dejado de surtir más de 24 millones de recetas entre las instituciones públicas de salud en 2021, situación que se ha agravado exponencialmente respecto a 2017, cuando sólo se registraron poco menos de 3.6 millones de recetas no cubiertas.
En dicho informe, el Instituto Farmacéutico (INEFAM) expuso un panorama relevante respecto a las compras públicas de medicamentos, ocurridas entre 2017-2021, periodo de transición, cuyas cifras, provenientes de consultas realizadas a las instituciones públicas vía transparencia, muestran de manera contundente que entre el “dicho al hecho, hay mucho trecho”: una reducción de más de un tercio en las piezas adquiridas por este sector en cinco años, al pasar de mil 700 millones de piezas en 2017 a solo mil 200 millones de piezas en 2021. La reducción anual ha sido continua entre estos años, es decir; 2021 cerró como el peor año en el abasto, a pesar de contar con dos procesos de compra consolidada de INSABI y UNOPS.
Situación que generó una aceleración en el número de procesos de compra por AD, al crecer prácticamente 300% (de dos mil 700 a siete mil 700 procesos) en cinco años, que significa que las AD se convirtieron en la principal forma de adquisición al representar más del 80% de los eventos en 2021, con más de 54% de las piezas y 63% de los importes ejercidos en dicho año. Típicamente, las AD no superaban 10% de las piezas y 40% de los importes en años anteriores. La inflación acumulada en este lustro fue superior a 19%, escenario nunca antes observado en las últimas dos décadas, cuando predominaban en cada año deflaciones promovidas por compras consolidadas. Esta últimas solo se ejercieron poco más de un tercio en 2021, cuyos contratos se extenderán para cubrir, al menos, el primer semestre de 2022.
Tal evolución sugiere que el presente año no será ajeno a esta inercia y sea muy parecido a 2021, caracterizado por empalmes entre los tipos de compra y con probable predominio de las AD que incluso podrían imponer récord en el número de eventos, minimizando las compras consolidadas, caracterizadas por ser parciales y realizadas de manera desfasada. La distribución y logística es un tema muy complejo donde sus funcionarios se han encargado de dificultarlo, de manera que solucionarlo les llevará mucho más tiempo para garantizar el abasto en caso de no cambiar el enfoque y así podrá cerrar hacia el 2024, por lo que será un sexenio perdido en la atención de la salud ante deficiencias que no alcanzarán a ser superadas al cierre del presente gobierno.
Hace algunos días, la USTR (United States Trade Representative, disponible en “foreing trade barriers” en ustr.gov), órgano que reporta de manera directa a la Casa Blanca, emitió un reporte donde señala su preocupación sobre las barreras comerciales que presenta México ante el tratado de libre comercio existente entre los países norteamericanos, en donde muestra, entre otras barreras en diversos sectores (como el eléctrico), que particularmente el acuerdo de compras de medicamentos y de dispositivos médicos entre INSABI y UNOPS tiene magros resultados, ante los atrasos de adquisiciones aquí comentados, junto con el notable retardo en pagos a los proveedores, pero sobre todo el desabasto que impacta a los pacientes.
Todo indica que INSABI hará un último esfuerzo, junto con la Secretaría de Salud (SSA), al convocar a diversas instituciones públicas, entre ellas al IMSS y al ISSSTE, para realizar mesas de trabajo entre funcionarios para definir la compra consolidada bianual 2023-2024 de medicamentos y dispositivos médicos los días 4 al 6 de abril del año en curso (quizá en la sede de la SSA en Acapulco). Los tiempos sugieren que están comenzando de manera anticipada, con la preocupación de que a reserva de la selección que realicen (y que sea la más adecuada para las instituciones), puedan contar con una adecuada definición de los requerimientos, que de no ser acompañadas por una mejor estrategia en la logística y distribución, quizá el escenario aquí planteado hacia el 2024 sea el más probable.