Hace poco más de 150 años, concluída la Revolución de Ayutla, el país vivía la agitación ideológica de liberales y conservadores pues justamente se trababa de definir el nuevo orden constitucional que debía dejar atrás la dictadura de Antonio López de Santa Anna.
El 24 de enero de 1857 tendría lugar la discusión en el Congreso Constituyente el debate sobre la supresión de las comandancias militares, luego, poco después, vendría la correspondiente a la ley de cultos. Y el potosino Ponciano Arriaga (1811-1865), uno de los liberales radicales, diputado responsable de elaborar el proyecto de constitución, presenta un contundente voto particular sobre la supresión del abusivo poder militar santanista que muchas luces podría aportarnos en esta hora.
“En tiempo de paz -comenzaría Arriaga, ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar (…) El que suscribe ha creído siempre, como cree ahora, que el poder militar debe ser enteramente pasivo (…) Cree, también, que ese poder debe obrar saliéndose de su esfera sólo cuando la autoridad legítima invoque el auxilio de su fuerza (…)
“Será imposible, de todo punto imposible, que la autoridad política se moralice y recobre sus legítimos derechos, si ha de estar teniendo frecuentes ocasiones de entrar en el comercio de condescendencias, debilidades y funestas consideraciones con el poder militar (…)
“Cuidar de la paz y de la seguridad pública, administrar la justicia y la hacienda, reprimir los crímenes y delitos, en fin, gobernar la sociedad, son atribuciones de la autoridad que obra en nombre de la ley, la ley es expresión de voluntad popular y los funcionarios militares nada tienen qué hacer, por sí y ante sí, si no son requeridos, mandados o autorizados por las potestades civiles, en todos los negocios que no tengan una íntima y directa conexión con la disciplina de obediencia que es su primitiva ley.
“¿Y puede darse cosa más absurda en un sistema de gobierno pacífico y legal, que esa reunión contradictoria del poder civil y militar en una misma persona, erección monstruosa de la política mezquina del autor de todos nuestros males, del inolvidable dictador (Antonio López de Sana Anna) que quiso militarizar no solamente los gobiernos de los estados, sino los prefectos, los alcaldes y hasta los alcaides? ¿Puede haber una cosa más repugnante a la buena administración que tal incoherente mezcla de dos poderes heterogéneos, que se excluyen, se repugnan, se chocan y contradicen? Es gobierno pacífico y legal, el gobierno guerrero y el mando económico de la fuerza es otro. El primero obra invocando la ley, el segundo debe obrar sugerido por la autoridad (…)”
A todo esto, es indispensable preguntarse, luego de una semana inundada de tantas polémicas ¿por qué un Presidente tan adicto a nuestra historia ha podido llevarnos al estado de depredación política que padecemos? ¿De verdad se cree que con el encumbramiento político del poder militar podremos enfrentar el problema de la inseguridad?
México está viviendo bajo el ritmo devorador de una presidencia obsesionada por sus dogmas y fantasmas.
