La lucha por la igualdad de género en el ámbito político debe concretar la plena instrumentación del principio de la “paridad en todo”, que se refiere a la garantía de que la mitad de los cargos de decisión política en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), en los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en organismos autónomos sean para mujeres.
Además de la paridad, también se debe buscar que, en todo momento, se respeten cada uno de los derechos de las mujeres, que siguen siendo violentados por estructuras que crean fuertes resistencias del patriarcado frente a la lucha por la equidad de género.
Por ejemplo, en un webinar que realizamos recientemente desde el Centro para el Futuro de las Ciudades , Carla Humphrey, consejera electoral del INE México, y Mariana Benítez Tiburcio, ex diputada federal y directora de Iurisduxa Consulting, me contaron el caso de una regidora a la que algunas personas le impedían tomar posesión de su cargo a pesar de haberlo ganado. Cuando por fin pudo hacerlo, no le querían pagar su sueldo; posteriormente le pagaron, pero violentaron nuevamente sus derechos al limitar sus funciones a temas como gestionar jardines, es decir, solo accedieron a darle una regiduría de ornato.
También me contaron cómo hay mujeres que acceden a las candidaturas gracias a las medidas que promueven la “paridad en todo”, sin embargo, no les dan dinero ni espacio en los medios de comunicación para sus campañas.
Estos son ejemplos de cómo debemos seguir avanzando en la implementación de la “paridad en todo” y que debemos velar por el respeto a todos los derechos políticos de las mujeres, que ha sido una ardua lucha.
En marzo de 1993, se reconoció en la ley la necesidad de establecer cuotas de género, aunque como comentó Carla Humphrey, no eran obligatorias, por lo que los partidos políticos no las cumplían. En 1997 se reformó la legislación electoral para garantizar que las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70% para un mismo género, sin embargo, no se distinguió entre candidaturas propietarias o suplentes, por lo que se otorgaron muchas candidaturas suplentes a mujeres (en lugar de ser las titulares), lo que conforma otro ejemplo de la resistencia al cambio de las estructuras patriarcales.
Después de que los partidos se vieron obligados a postular a mujeres en 30% de sus candidaturas titulares al poder legislativo, en 2009 ocurrió el penoso episodio de las “Juanitas”, legisladoras que al ganar renunciaban inmediatamente para ser sustituidas por hombres quienes eran sus suplentes, burlando así las normas que promueven la equidad de género.
El episodio de las “Juanitas” dio pie a una sentencia del Tribunal Electoral en 2011, que obligó a los partidos a que los suplentes de las candidatas fueran también mujeres. En 2014, se realizó una reforma al artículo 41 de la Constitución que estableció la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Estatales.
Gracias a la reforma de 2014, en las elecciones intermedias de 2015 las mujeres ocuparon el 49.6% de las candidaturas en las diputaciones federales, y 45.6% de las personas que finalmente fueron electas por mayoría relativa.
Ahora tenemos un Congreso con paridad de género, al grado que somos el cuarto país con mayor paridad a nivel Legislativo (federal y local), superando incluso a países como Suecia o Finlandia.
Esto es un logro que ha costado mucho, aunque falta bastante por alcanzar ya que sólo el 22% de las presidencias municipales son lideradas por mujeres. Además, no hay gabinetes locales con paridad de género, también faltan mujeres en los órganos autónomos locales y federales. Incluso, en las Cámaras de Diputados y de Senadores, donde ya hay casi el mismo número de mujeres y hombres, no hay paridad en sus órganos directivos ni en las principales comisiones legislativas, las cuales siguen siendo conformadas por muchos más hombres.
Mariana Benítez señaló en dicho webinar que las juezas y magistradas representan menos del 30% de los funcionarios judiciales a nivel federal y actualmente 30 de las 32 de las gubernaturas en México son ocupadas por hombres.
En 2019 se hizo una importante reforma constitucional para garantizar la “paridad en todo”, que consiste en que la mitad de los cargos de decisión política en los tres niveles de gobierno, en los tres poderes de la Unión y en organismos autónomos sean para mujeres. Sin embargo, aún falta aterrizar varios postulados constitucionales en las respectivas leyes secundarias; por ello, Carla Humphrey impulsó una iniciativa que fue aprobada en por el Instituto Nacional Electoral (INE), mediante la cual se determinó que todos los partidos políticos deben postular mujeres en al menos 7 de las 15 gubernaturas que se disputarán en las elecciones del 2021.
Cabe señalar que esta medida fue impugnada por el Senado, alegando que el INE excedió sus facultades al fijar normas que corresponden a las autoridades estatales. No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el INE efectivamente carece de competencia para implementar medidas que busquen la paridad de género en la postulación de candidatas a gobiernos estatales, pero avaló la obligación de los partidos políticos a postular mínimo a 7 mujeres como candidatas a las 15 gubernaturas que se votarán el 6 de junio de este año.
Carla nos comentó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, si no hubiera acciones afirmativas de género como son las cuotas, tardaríamos 130 años en lograr la paridad de género en los cargos de elección popular por las resistencias del patriarcado.
Desafortunadamente el problema no se queda en la falta de espacios para la mujer, ni se soluciona por completo con “la paridad total”. También es necesario que se les permita ejercer sus cargos con libertad y sin violencia ni discriminación. Hay mujeres en cargos de elección a quienes se les ha hostigado para que no participen en esfuerzos por impulsar la equidad de género.
Por ello, es muy positivo que el INE y algunos órganos electorales locales hayan aprobado la instrumentación de la declaración 3 de 3 contra la violencia de género. Se trata de una declaración firmada bajo protesta de decir verdad en la que los aspirantes a candidatos afirman no estar en ninguno de los siguientes supuestos:
Primero, no tener condena o sanción firme por violencia familiar, doméstica o cualquier agresión de género. Segundo, no tener condena o sanción firme por delitos sexuales. Tercero, no tener condena o sentencia firme como deudor alimentario o moroso y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.
El problema es que en México, un país con altos niveles de impunidad, muchos de los conocidos y famosos violadores, acosadores y deudores alimentarios nunca son sentenciados y por ello no caen en la prohibición de ser electos. Es frecuente que se queden congeladas las denuncias, y otras veces, cuando sí son sentenciados, el transgresor puede impugnar la sentencia y prolongar el proceso. Y, por supuesto, mientras no acabe el proceso, se mantiene intacto su derecho a ser votado y elegido, lo que convierte en letra muerta estas leyes para proteger los derechos de las mujeres.
Sin duda han habido avances en la defensa de los derechos políticos de la mujer, no obstante, falta mucho por hacer. Esto abarca también las esferas fuera de la política, por ejemplo, en empresas donde la participación de la mujer enfrenta todavía muchos obstáculos, como la brecha salarial cercana al 30 por ciento. Debemos de alcanzar un mundo con mayor paridad de género, porque es lo justo, lo correcto, y además porque es lo que nos conviene a todos aunque haya quienes se resistan a verlo de esa manera.
